La ejecución real de los fondos europeos sigue sin alzar el vuelo en la recta final del año. Hasta el pasado 31 de octubre –últimos datos publicados– el Gobierno tan sólo realizó un 33,6% de las obligaciones de pago reconocidas, por un valor de 7.311 millones de euros. Es decir, tan sólo un tercio de los proyectos autorizados han sido abonados, según los datos difundidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La cifra es incluso menor –del 20,3%– si se compara con los 35.935 millones en créditos presupuestarios que el mecanismo de Recuperación y Resiliencia despliega para todo 2023. El ritmo de ejecución es incluso más lento al mostrado en 2022. Hasta noviembre, el volumen de pagos reales ha caído 16 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el proceso se situaba cerca del 50%. En contra, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defendió el jueves la buena marcha del aterrizaje de la financiación en la economía, "gracias a las inversiones y reformas, estimamos que el impacto del Plan puede suponer 2,5 puntos del PIB, lo cual supone unos 35.000 millones de euros", dijo en sede parlamentaria.
Detrás de la demora del calendario se sitúa el lastre que supuso el proceso de formación del Gobierno tras las elecciones del 23-J. Los cuatro meses en los que el Ejecutivo se mantuvo en funciones pesaron sobre el despliegue efectivo de los Next Generation. A ello, se suma el retraso en la ejecución acumulada en los ejercicios anteriores. Las cuentas de 2023 tuvieron que absorber los 7.243 millones que quedaron sin cubrir en 2022. Moncloa terminó el año ejecutando el 69% del total de pagos comprometidos.
El proceso supone todo un desafío. Buena parte de los socios comunitarios acusan la complejidad de un mecanismo que exige el diseño de los proyectos y objetivos presentados, y el largo trámite que sigue hasta que se consumen los pagos. Tienen que ser autorizados, comprometidos y reconocidos por los criterios europeos antes de que se produzca el reintegro. "El reto es tanto temporal como organizativo: por una parte, habrá que ajustar las decisiones sobre cómo gastar esos remanentes a los plazos disponibles; por otra parte, será necesario planificar cuidadosamente la manera de disponer esos fondos para lograr los objetivos del programa europeo y, al mismo tiempo, que se pueda ejecutar el gasto", insistía la Unidad Next Generation EU de LLYC en un pasado informe.
La llegada de los fondos a la economía real es clave para el Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el techo de gasto sobre el que se basarán los Presupuestos que Moncloa ha comenzado a redactar. El Ejecutivo extenderá un gasto récord de 199.120 millones para 2024. Hacienda sostiene la cifra sobre un incremento estimado del 9% de los ingresos tributarios, y sobre el empuje de la economía apuntalada por el efecto de los fondos europeos. "El objetivo que se consigue sin aplicar recortes en el estado de bienestar sino que se llevará a cabo gracias al crecimiento de la economía, del empleo y al impulso de los fondos europeos", afirmó María Jesús Montero.
Lo cierto es que todo el tiempo perdido por la interinidad del Gobierno debe recuperarse a contrarreloj. El pasado octubre, el Gobierno halló la manera con la que contar con un tiempo extra para seguir desplegando los fondos europeos, que inicialmente caducan en 2026. Moncloa acordó con la Comisión Europea poder involucrar a determinadas entidades públicas para otorgarles la gestión de la parte de los Next Generation que no hayan sido ejecutadas antes de la fecha límite. De esta forma, estas empresas serán las encargadas de desplegar la financiación comunitaria durante los meses posteriores. Bruselas permitirá que el resto de países miembros opten por esta vía si así lo necesitan.
Otros 10.000 millones
La financiación seguirá llegando. El Gobierno solicitó el miércoles el cuarto desembolso de los fondos europeos, tras dar por cumplida la aprobación de la última de las reformas del Componente 23 comprometidas con Bruselas: la ampliación y simplificación de los subsidios por desempleo. El texto pasó su trámite el pasado martes en Consejo de Ministros tras una ardua negociación entre las vicepresidentas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño. La petición llega con un retraso de medio año con respecto a lo previsto inicialmente en el Plan de Recuperación, ya que se debía realizar antes de los seis meses tras el cumplimiento, en el segundo semestre de 2022, de los 58 hitos y objetivos acordados con la UE (43 hitos de reforma y 15 objetivos de inversión). La iniciativa ha tenido que aplazarse hasta ahora por el adelanto electoral anunciado el 29 de mayo. El último hito necesario para remitir la solicitud fue la reforma del subsidio de desempleo incluida en el Componente 23, aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros.
Lo cierto es que la marcha de esta última a Luxemburgo para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede suponer un problema. Calviño ha coordinado durante los últimos años la llegada de la financiación comunitaria, negociando los criterios, hitos y objetivos con Bruselas y desplegando la estrategia de llegada de los fondos a la economía real, que se completará con la llegada de los préstamos.