Opinión

Qué hay detrás del plan fiscal catalán y los ataques a Repsol

Aragonès y Ribera lanzan cortinas de humo para tapar sus problemas. PV

Cataluña es el granero de votos de Sánchez. La continuidad de la legislatura se fía a una gran victoria de Salvador Illa el próximo 12 de marzo, después del fiasco de las gallegas y de las pobres expectativas en Euskadi. Por primera vez en mucho tiempo, las dos grandes formaciones independentistas, ERC y Junts, no suman mayoría absoluta en los sondeos, lo que abre la puerta a un Gobierno de los socialistas con alguna de las formaciones independentistas.

Una opción que contaría con el respaldo del mundo empresarial para volver a la normalidad y recuperar la confianza perdida, como ocurre en Barcelona desde la salida de Ada Colau de su Consistorio.

Cataluña pasó de medirse de igual a igual con la Comunidad de Madrid en términos de PIB, renta per cápita o de atracción de inversiones a ser desde el 1-O la eterna segundona, a mucha distancia de la capital de España.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su consejero de Economía, Natalia Mas, se descolgaron hace unos días con una propuesta fiscal para recaudar el 100% de los impuestos. El programa económico de Junts será muy similar. Lograda la amnistía y descartado, de momento, el referendo, la autonomía fiscal es el precio que exigirán para seguir respaldando a Sánchez en el Congreso. Pero ¿es posible el cupo catalán?, ¿Qué coste tendría para el Estado?

El Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dio a conocer hace unos días unas balanzas fiscales. Una vieja reclamación catalana incompleta, porque lo publicado sólo recogía la contribución al Estado, pero no lo que reciben de éste, además de no detallar el método de cálculo utilizado.

Según Mas, el déficit del Estado ascendería a unos 22.000 millones, el 9,6% de su PIB. La consejera aspira a equiparar ese porcentaje al de otros regímenes soberanistas, como el de Alberta, en Canadá. Un cálculo realizado por elEconomista.es, en base a la contribución de esta región, estima que el ahorro fiscal supondría unos 13.000 millones, más de la mitad.

El plan de Mas es recaudar todo y después crear un cupo de solidaridad mínimo con el resto de las autonomías, que sea flexible en función del grado de cumplimiento de estas, como hace la Unión Europea con los fondos de cohesión. El sistema de financiación autonómico actual comprende dos fondos, el de Compensación Interterritorial o de Garantía y el de Convergencia, que por distintas vías buscan "aproximar las comunidades autónomas de régimen común en términos de financiación por habitante ajustado y favorecer el equilibrio económico territorial contribuyendo a la igualdad y la equidad".
Sin embargo, casi cuarenta años después de su puesta en marcha, se constata que su funcionamiento es poco efectivo, porque Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía siguen a la cola en renta per cápita mientras que Madrid, Cataluña o País Vasco van en cabeza. El ranking entre ricas y pobres apenas sufrió variaciones.

La financiación autonómica debería haberse actualizado en 2014, llevamos más de una década de retraso, pese a que todos los ministros de Hacienda prometieron reformarla y se marcharon sin cumplirlo. Conceder a la Generalitat lo que pide incrementaría en un punto el déficit y haría imposible cumplir con las reglas fiscales de Bruselas, que entrarán en vigor en 2025.

Jordi Pujol renunció a un cupo como el vasco o el navarro e introducirlo ahora rompería el principio de igualdad y equidad recogido en la Constitución y reabriría el debate sobre si Navarra y Euskadi deberían también contribuir solidariamente con el resto.

La única solución pasa por la recentralización de la sanidad y de la educación, que acapara el 80% del gasto presupuestario autonómico. Centralizar la inversión sanitaria, por ejemplo, ahorraría mucho dinero al Estado, porque abarataría la compra de medicamentos y de instrumentos médicos. El modelo podría ser el de Puertos del Estado, donde la gestión está en manos regionales, pero la infraestructura es estatal.

Pero ¿está Montero dispuesta a dar un paso así cuando sus socios independentistas exigen lo contrario? La vicepresidenta está condenada a dar largas e incumplir lo prometido. Montero cayó en la trampa de Aragonès, que soltó la liebre para tapar las múltiples lagunas de gestión de su Gobierno.

Las cifras conocidas el jueves sobre los déficits regionales a cierre de 2023 muestran que Cataluña es la tercera con peores datos, con un desajuste del 1,31%, solo por detrás de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Pero el desequilibrio de estas dos se explica por su infrafinanciación. Por eso Illa ha contestado ya a Aragonès que se olvide de su modelo de financiación.
El suspenso gordo de la Generalitat se lo lleva en la gestión de la sequía. La Agencia Catalana del Agua presupuestó 6.000 millones en 2008 y una década después no se había hecho nada apenas. El dinero no se empezó a movilizar hasta 2022 y, sobre todo, el año pasado, con los pantanos en mínimos.

El trasvase del Ebro, que conectaría a través de una tubería de 70 kilómetros la desembocadura de este río con el Ter-Llobregat también se paralizó y así sigue. La solución de emergencia es traer agua por barco hasta que se cree una red de desalación suficiente, pese a que Cataluña cuenta con una multinacional reconocida como Aguas de Barcelona (Agbar) a la que Colau ninguneó en los últimos años. Es difícil hacerlo peor.

Ustedes se preguntarán qué necesidad tiene la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de meterse con Repsol, a cuenta de la demanda de Iberdrola por greenwashing. La petrolera invierte más de 6.000 millones anuales en nuestro país y emplea a 25.000 personas, La ministra debería respetar a los jueces y esperar a conocer su veredicto. Sus declaraciones a El Correo y El Diario Vasco del pasado fin de semana, con total desprecio a los combustibles renovables, van contra la normativa europea, que autoriza su uso hasta 2027 en espera de la decisión final.

Repsol prevé vender gasolinas renovables en la mitad de su red en 2027 y acaba de comprar a Bunge la participación en sus plantas de biocombustibles por unos 300 millones.

Ribera se va a encontrar con un grave problema en los próximos años. La falta de inversiones en la red de alta tensión explica la escasa implantación del coche eléctrico en España, con poco más del 5% de cuota, y compromete su futuro. La compañía que preside Antonio Brufau ha cumplido ya su plan de descarbonización a 2025 y acelerará su hoja de ruta para lograr emisiones cero en 2050.

¿Qué persigue, entonces, Ribera con estas críticas? La vicepresidenta tercera es una persona con buen cartel en Bruselas. La excepción ibérica y al despliegue de renovables han permitido rebajar los precios de la electricidad más que en el resto de Europa. Eso refuerza su posición para ser la candidata del PSOE a las europeas y luego para ocupar la comisaría de medio ambiente. Pero como Aragonès, también guarda algunos muertos en su armario. Su idea peregrina de crear una Comisión Nacional de la Energía (CNE), a costa de fragmentar a la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no gusta a nadie. Las eléctricas temen una politización de sus medidas tras su control. Como presidenta suena María Jesús Martín, bien relacionada con Ribera.

En paralelo, se han disparado las maledicencias sobre su marido, Mariano Bacigalupo, como próximo ministro de Transición Ecológica. Bacigalupo abandonó al CNMC, tras sus diferencias con la presidenta Cani Fernández, para desembarcar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las carteras ministeriales no se heredan, Ribera debería hacer caso omiso a rumores infundados, mantenerse neutral, como asegura, y concentrarse en seguir haciendo bien su trabajo. La mejor defensa, no siempre es un buen ataque.

PD. -Donde tampoco corren buenos tiempos para la lírica es en la CNMV. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, renueva a fin de año y aunque todo el mundo lo da por hecho, los nervios van por libre. La vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, muy valiosa y próxima al PSC, suena como gobernadora o subgobernadora del Banco de España o podría ascender en el escalafón. El escándalo de Grifols disparó las críticas sobre su gestión, con demandas en los tribunales por medio por presuntas prácticas contra la farmacéutica catalana. Es mejor no actuar con precipitación.

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