Los informes de la Guardia Civil desmienten las declaraciones del exministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha insistido en los últimos días en que en ningún momento contrató ni un solo euro con la trama Koldo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, explica en uno de estos informes que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo encargado de las compras en el ministerio, "firmó el 22 de diciembre de 2020 un acuerdo marco con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Servicios y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, mediante el cual se adjudicaron parcialmente los lotes 8 y 9 de suministro de mascarillas, sin especificar el precio final".
Este contrato se firmó así con posterioridad a que el 12 de agosto de ese mismo año el Gobierno de Baleares, que presidía entonces Francina Armengol— actual presidenta del Congreso—, remitiera un informe a Ingesa en el que aseguraba que Soluciones de Gestión le había suministrado de "manera satisfactoria" mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros, pese a saber desde dos meses antes de que el producto era defectuoso. El Centro Nacional De Medios De Protección (CNMP) había advertido al Ejecutivo de Armengol de que los suministros sanitarios de Soluciones de Gestión no cumplían "con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2", por lo que las autoridades sanitarias de las islas procedieron a comunicar a los centros dependientes la retirada de las mismas y "su almacenamiento hasta que se tomen las medias oportunas".
La UCO deja claro que, Soluciones de Gestión aportó certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya había suministrado material sanitario, "logrando así postularse como proveedor de mascarillas en este acuerdo marco" con Sanidad.
El hecho de que Illa contratara a la trama impulso luego a otros a hacer lo mismo. El Ministerio del Interior llegó a justificar así en 2022 ante la Guardia Civil la contratación de Soluciones porque "se aprovechó del conocimiento y gestiones ya realizadas por Ingesa para proveerse de un material de urgentísima necesidad sanitaria".
El contrato firmado por Soluciones con Ingesa formaba parte de un paquete por 2.131 millones de euros para la compra de material, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, y se adjudicó a varias empresas. Según la UCO, la licitación de los lotes, en los que Soluciones resultó adjudicataria, contemplaba la compra 52,4 millones unidades de FFP2 y 20,3 millones unidades de FFP3, cuyos precios unitario sin IVA eran de casi tres y cuatro euros respectivamente. El importe total de esta adjudicación se elevó así a 152,2 millones y 81,3 millones de euros en cada caso. La Guardia Civil asegura, sin embargo, que "no se tiene constancia de que la UTE Ferrovial-Soluciones haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes". Y agrega que "a fecha de 18 de febrero de 2021, se envía un correo electrónico desde la Administración, donde el representante comercial de la UTE, informa que no se ha recibido ninguna oferta firme para suministro de material".
En las cláusulas del acuerdo entre Sanidad y la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión se especifica que "el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a la consideración de ejecución defectuosa del mismo", estableciendo unas sanciones de hasta el 0,5% del valor estimado del lote, con un máximo de 5.000 euros. La reiteración en el incumplimiento o la gravedad del mismo podrá incrementar el importe hasta un 1%.
La persona que puso en contacto a Soluciones con Ferrovial para la creación de una empresa mixta que suministrara mascarillas a Sanidad fue el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en la red Koldo y la persona, además, que contrató a Air Europa para traer el producto desde China.
Oleada de contratos
La trama Koldo entró en Sanidad después de haber logrado ya contratos para el abastecimiento de material sanitario con Puertos del Estado, Adif y los Gobiernos de Baleares y Canarias. En marzo de 2020, Soluciones de Gestión— y más concretamente el administrador de la empresa, José Ángel Escorial, también implicado en la trama— firmó por ejemplo contrato con Puertos del Estado para la adquisición centralizada de 8 millones de mascarillas. Un par de meses más tarde, en abril, el Ministerio de Interior le otorgó un contrato a dicha empresas para suministrar mascarillas, al personal de Secretaría de Estado de Seguridad y organismo dependientes de la cartera, por valor de 3,5 millones de euros.
Ya en agosto, Soluciones de Gestión cerró varios contratos. Aparte de con la Conselleria de Salut de Baleares, uno de ellos fue con Adif para repartir cinco millones de mascarillas por un precio de 12,5 millones. En este caso, Soluciones de Gestión facilitó 1,28 millones de mascarillas por 2,4 millones de euros.
