Tras la entrada en vigor de la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, unas 1.500 empresas españolas se han visto obligadas a presentar en el Registro Mercantil, formando parte integrante del informe de gestión, el Estado de Información no Financiera (EINF). Y, para hacerlo breve, ese documento, el EINF, debe ser firmado por todos los administradores, quienes asumen, a todos los efectos, unas responsabilidades muy semejantes a las que contraen al firmar la información financiera (es decir, las cuentas de toda la vida). Por tanto, la pregunta es sencilla: si las responsabilidades del Consejo en materia financiera y no financiera son semejantes... ¿cuenta hoy este órgano con las mismas herramientas para proteger su responsabilidad y garantizar la veracidad de ambas informaciones? La respuesta también es sencilla: no, todavía.