UPTA Aragón pide flexibilizar los ceses de actividad y liquidez para evitar la pérdida de tejido productivo

La asociación de autónomos considera conveniente que los ceses de actividad se prolonguen en el tiempo y habilitar los 'bonos vacuna' para que los autónomos puedan disponer de liquidez y recursos para evitar más cierres.

La crisis sanitaria de la Covid-19 está teniendo un impacto negativo entre los autónomos. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social dados a conocer el día 5 de mayo ponían de manifiesto que en Aragón se han perdido 1.223 autónomos de abril a marzo. Una caída que es todavía mayor si se tienen en cuenta los datos interanuales en los que se refleja un descenso de 2.537 autónomos, cifra que se desprende tras descontar del total de las 4.651 bajas de afiliación los 2.114 trabajadores de las industrias cárnicas, que han pasado del RETA a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social.

Es una pérdida de afiliación que, sobre todo, se concentra en determinados sectores de actividad como la hostelería, que pierde 277 afiliados al RETA en un mes, así como el comercio y la hostelería con un descenso de 270 y 147, respectivamente, aunque la afección también llega a otros sectores de actividad, negocios y profesionales como peluquerías o fisioterapeutas, entre otros.

Es un descenso de afiliación que se ha producido a pesar de los ceses de actividad, que siguen generando problemas a los autónomos, además de muchas dudas "más que por la regulación, por los criterios", según ha explicado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón a través de una rueda de prensa en streaming.

Bajén ha aclarado que el cese de actividad -se puede solicitar por fuerza mayor o bien por caídas de la facturación del 75%-, es compatible con la apertura, aunque se están dando diferentes situaciones que preocupan al colectivo de trabajadores por cuenta propia.

"El cese de actividad finaliza el último día del mes, que acaba el estado de alarma". Es decir, si finaliza el día 24 de mayo, sería fin de mayo. Un motivo por el que desde UPTA Aragón demandan "más flexibilidad" para que "se mantenga hasta finales de junio" y se haya superado la fase 4 del plan de desescalada y recuperado, al menos, una gran parte de la normalidad.

La organización de autónomos también ha solicitado una normalización de los criterios de las mutuas para evitar casos que se han detectado en los que los autónomos que han abierto pierdan el cese de actividad al perder ese porcentaje de caída del 75% de facturación . "Nos gustaría que se aclarase esta solución porque ya hay escritos de las mutuas" en los que se observa que no existe un criterio normalizado. No obstante, Bajén ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque los autónomos cobrarán en la mayoría de los casos.

Liquidez

Los problemas con el cese de actividad no son los únicos que afectan a los autónomos. La liquidez es otra de las graves dificultades a las que tienen que hacer frente ante los problemas de acceso a la financiación a través de los cauces establecidos. Una situación ante la que ha incidido en la necesidad de poner en marcha los llamados "bonos vacuna" para que los autónomos puedan disponer de una renta.

Estos "bonos vacuna" debe habilitarse con la interacción del Estado, comunidades autónomas y municipios. Por ejemplo, si el Estado aporta el cese de actividad, las comunidades autónomas y los municipios complementarían la cuantía de hasta 950 euros con porcentajes del 60% y del 40%, respectivamente, mientras que si el autónomo ha tenido caída de ingresos del 50% y no tiene reconocido el cese de actividad se aportarían 570 euros desde la autonomía, 380 euros desde el municipio y el resto desde el Estado hasta alcanzar los 1.500 euros.

"Sería un apoyo fuerte a los autónomos en liquidez" ante los problemas de solvencia y las caídas importantes que se prevén en sectores como, por ejemplo, la hostelería, construcción o comercio. Sin liquidez, "nos vamos a encontrar cierres y pérdida de tejido productivo".

Unos "bonos vacuna" a los que podría sumarse la habilitación de microcréditos a través de entidades como, por ejemplo, Sodiar, ante las dificultades para acceder a las líneas ICO por el scoring bancario.

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