UPTA Aragón reclama un bono mínimo de 950 euros para los autónomos

El 81,5% de los autónomos en la comunidad aragonesa cotiza al RETA por la base mínima por la que percibirán alrededor de 661 euros por el cese de actividad. La situación es más preocupante en los autónomos que no puedan acogerse a las medidas del Gobierno central y vean mermados sus ingresos. Desde UPTA Aragón se propone establecer este bono mínimo de 950 euros para mantener la clase media y que, tras la crisis sanitaria del COVID-19, se pueda seguir consumiendo y reactivar la economía.

Un total de 49.448 autónomos en Aragón -es decir el 81,5%- cotiza al RETA por la base mínima. Son profesionales que, en el caso de poderse acoger y se les conceda el cese de actividad, pasarían a percibir durante un mes la cantidad de alrededor de 661 euros.

Es una cuantía con la que hay que hacer frente al alquiler o hipoteca, el pago de la cuota de la Seguridad Social, luz, alimentación y otros gastos familiares. Pero la situación de un autónomo que no reúna los requisitos para acogerse al cese de actividad contemplado en el Real Decreto aprobado por el Gobierno central por el COVID-19 "estaría en una situación peor", según ha explicado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón.

Los autónomos tienen que seguir afrontando los gatos como la cuota a la Seguridad Social con ingresos de cero euros. Una situación ante la que "tiene que haber un bono mínimo de 950 euros para mantener la clase media para poder consumir", evitar el cierre de negocios y mantener este tejido económico y reactivar la economía tras la crisis sanitaria del COVID-19.

Bajén, quien ha dado una rueda de prensa en streaming para lanzar una serie de propuestas, ha incidido en que "el Gobierno central y las comunidades autónomas tienen que concitarse con la Unión Europea y cambiar la expansión monetaria para que llegue a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Tiene que haber bonos económicos para salir de esta".

Los autónomos resuelven la situación de liquidez con su patrimonio pero, con esta situación, muchos de estos profesionales y sus negocios se encontrarán con una situación de insolvencia. Un motivo por el que ha vuelto a incidir en plantear tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno central "una segunda oportunidad, una exoneración de deudas y pagos y un jubileo de la deuda. Tenemos un bloqueo terrible porque las Administraciones Públicas, Hacienda y Tesorería, impiden la segunda oportunidad y la exoneración de pagos porque no son deudas que el autónomo pueda soslayar". Esto deriva en que, en muchos casos, el autónomo acabe en el concurso de acreedores de persona física.

Bajén ha incidido también en la creación de un fondo para la segunda oportunidad que se recoge en la ley aragonesa de emprendimiento y trabajo autónomo. Y, aunque avala que la prioridad sea destinar los fondos a sanidad, "lo que es comprensible", las instituciones se deben concitar para desarrollar fondos de inversión y facilitar la segunda oportunidad. Una línea sobre la que ha anunciado que ya estaban trabajando con la Unión Europea.

Desde UPTA Aragón también han indicado que se van a hacer propuestas al Gobierno central porque "no tienen en cuenta lo que va a pasar después" de la crisis sanitaria del COVID-19 ni "lo que le va a pasar a los autónomos".

Ceses de actividad

Dentro de las medidas actuales para los autónomos está el cese de actividad, que sigue generando dudas y problemas para que los trabajadores por cuenta propia y profesionales lo soliciten y puedan acogerse.

De momento, en Aragón, se han dado pasos y las mutuas han aunado criterios para la tramitación del cese de actividad y se han hecho públicos los códigos de actividad económica (CNAE) de aquellos que no tienen obligación de atender al público y que por el cierre pueden solicitarlo. "Todas las mutuas tienen ya sus modelos en las webs".

Esta unidad de criterios fue solicitada por UPTA Aragón, pero la asociación también considera conveniente que se modifiquen criterios para acogerse al cese. El problema está en justificar la caída de la facturación del 75% en el mes de marzo, ya que se tiene que comparar con el mes anterior (febrero) y referenciarlo al semestre anterior (de agosto de 2019 a enero de 2020).

Desde UPTA proponen la modificación del artículo 17 del Real Decreto que recoge el cese de actividad. Pero, mientras se adopta o no esta medida, se recomienda esperar al 1 de abril para que el cómputo esté en el mes de marzo, en el que se han trabajado 15 días, y el semestre sería el período comprendido entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. En el caso de no modificarlo, se incide en la necesidad de establecer una mayor flexibilidad porque se va a "quedar mucha gente fuera".

ERTEs

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) también plantean problemas para los autónomos por las diferencias existentes entre los artículos 22 y 23 del Real Decreto. "Hemos pedido que exista coordinación porque no están claros los modelos y debería haber coordinación entre las comunidades autónomas porque cada una puede tener sus criterios".

Además, en los expedientes por causa económica, organizativa, técnica o productiva, también se demanda más flexibilidad.

Unas propuestas que desde UPTA Aragón, que ya ha recibido más de 400 consultas a través del servicio de atención a los autónomos a raíz del convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, se van a trasladar al Gobierno central porque hay "muchos autónomos colgados con estos problemas".

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