Valencia
La confusión que están generando los propios políticos sobre las condiciones de las ayudas públicas para los afectados por la DANA en Valencia según de qué administración provenga y su color político no está precisamente facilitando un proceso ya de por sí farragoso para quienes han perdido buena parte de sus hogares o negocios.
El pulso entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana del popular Carlos Mazón ha provocado un cruce de acusaciones y la generación de una polémica tras otra a cuenta de los fondos procedentes tanto en uno como en otro caso de los fondos públicos, aunque en la batalla algunos responsables políticos parecen querer atribuírselos,
El último episodio del enfrentamiento se ha producido cuando la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, ha culpado a "una campaña de desinformación" desde las filas populares de que apenas se hayan presentado 3.000 solicitudes de anticipos de las ayudas estatales frente a las 20.000 que se están tramitando por los daños en viviendas y enseres. Una cantidad que considera el resultado de "una campaña de desinformación a la que se ha sometido a la ciudadanía de que el dinero de las ayudas del Gobierno de España tienen intereses y se tienen que devolver".
El Gobierno central fijó la posibilidad de anticipar el cobro de hasta un 50% de las ayudas a quien así lo solicitase para agilizar los plazos, de forma que en unas dos semanas pudiese contar con parte de la ayuda. Una medida que incluyó semanas después de que aprobase el primer paquete de ayudas con las subvenciones directas.
La socialista ha pedido "que la gente no atienda a esos bulos y que pida los anticipos, porque es el mecanismo que el Gobierno ha puesto en marcha para poder hacer llegar cuanto antes el dinero a los ciudadanos, que sabemos que hace tanta falta para que puedan volver a reconstruir sus viviendas lo más pronto posible".
Ayudas y créditos de ambos
Una referencia a las críticas del propio presidente valenciano, Carlos Mazón, que ha cargado contra el Ejecutivo socialista por incluir en el paquete de medidas estatales como ayudas las líneas de financiación del ICO por 5.000 millones de euros, que sí que incluyen intereses. El barón popular ha llegado a calificarlos como "intereses inmorales" durante sus intervenciones públicas.
Tanto el Gobierno central como el valenciano han aprobado, por un lado, ayudas directas, cuyo dinero a percibir depende de los daños y los límites fijados. También en ambos casos, por otro lado, han puesto en marcha líneas de crédito, con distintas condiciones financieras, que en el caso autonómico incluyen un tipo cero, aunque por supuesto el dinero que se aporte tiene que ser devuelto en hasta 10 años.
El galimatías de las ayudas públicas ofrecidas, sin embargo, parece interesar a unos y otros para encender la batalla política tras la catástrofe. La vicepresidenta segunda valenciana, Susana Camarero, que ya criticó a Bernabé por hacer política con el uniforme de Protección Civil, respondía a las acusaciones de bulos de la socialista instando al Gobierno a que aclare "si es verdad o mentira" que los créditos del ICO van a incluir intereses tras los 3 meses iniciales y si los afectados van a tener que pagar el IVA en la compra de vehículos nuevos con las ayudas anunciadas, que en muchos casos prácticamente supondrán la subvención anunciada.
La vicepresidenta también acusó a Bernabé de recurrir al enfrentamiento con el Gobierno autonómico popular por las guerras internas por ver "quién es la próxima candidata" del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat entre Diana Morant y ella, lo que ha producido un "cruce de cifras" y una "contradicción" entre "los propios representantes del Gobierno" en cuanto a las ayudas por la Dana.
Incendios y competencias
Para terminar de subir la temperatura, también los incendios en dos vertederos de residuos y vehículos de la DANA en las últimas horas en Alberic y Catarroja ha recrudecido el enfrentamiento entra las Administraciones de distinto signo político. Mientras Bernabé instaba al Consell a acelerar la retirada de los coches destrozados en las campas provisionales, Camarero recordaba a la codirectora del Cecopi que había sido el Gobierno central quien fijó la fórmula para retirar los coches tras semanas de petición por parte del Consell y que puso esas competencias en manos de los ayuntamientos, con los que la Generalitat colaborar.
Camarero realizó las declaraciones tras el Pleno que aprobó el decreto-ley por el que la Generalitat amplía su deuda en 700 millones de euros este año tras lograr el visto bueno del Ministerio de Hacienda para hacer frente al incremento de gastos de este año. Un volumen que será sólo una cifra inicial del endeudamiento al que el Gobierno de Mazón prevé recurrir para la reconstrucción, según la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que explicó que se trata de un crédito a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Estado con un tipo de interés cero.
Precisamente el presidente valenciano también volvió a mostrar esta mañana su preocupación ante lo que considera la intención del Ejecutivo central de eliminar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, la fuente de ingresos con la que el Gobierno autonómico compensa la falta de ingresos para cumplir el gastos social.
