Valencia
Tras la devastación dejada por la DANA en Valencia y la avalancha de medidas y ayudas anunciadas para los afectados, una de las cuestiones pendientes para muchos afectados particulares, autónomos y empresarios es el tratamiento fiscal tanto de las posibles ayudas y donaciones, como de las propias pérdidas generadas por las inundaciones.
El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana ha sido una de las voces que se ha sumado para pedir que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda aclaren cuanto antes como tributan todos estos aspectos, especialmente de cara al cierre de un ejercicio que se ha vuelto especialmente complicado para miles de pymes y negocios afectados en los cerca de 80 municipios valencianos.
Los auditores valencianos piden con urgencia un Decreto Ley que aclare cómo se deben recoger las consecuencias de la DANA a efectos tributarios, desde las pérdidas personales y de las empresas hasta las ayudas y donaciones. Los profesionales consideran que "la situación excepcional requiere de un marco normativo claro que sea lo más favorable posible para los colectivos afectados, y que especifique cómo se debe contabilizar y registrar cada movimiento" para evitar confusiones y complejidades en el proceso fiscal.
Una de las cuestiones que más preocupa al colectivo de auditores es la gestión de las ayudas y donaciones que se han puesto en marcha en el marco específico de la DANA, y exigen que se aclare cuál es su tratamiento fiscal en este nuevo Decreto Ley. "No podemos permitir que una ola de solidaridad acabe generando problemas tributarios, ni a los colectivos que de manera altruista deciden ayudar, ni a los que ya han sufrido daños y requieren ahora mismo de todo nuestro apoyo y facilidades", ha considerado la presidenta del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, Lola Mor, durante la celebración del Día de la Auditoría que se ha celebrado en Valencia este viernes 13 de diciembre.
Entre sus reclamaciones concretas a tener en cuenta requieren una regulación específica que aclare el tratamiento del IVA y del IRPF, pero también de todas las situaciones excepcionales que se han puesto en marcha y que tan solo se entienden en el contexto de la DANA como, por ejemplo, las donaciones de maquinaria, las colaboraciones empresariales o las ayudas tanto económicas como en especie.
"Estamos hablando de cuestiones de fuerza mayor que deberían tener su propio tratamiento fiscal, porque todas estas acciones tan solo se entienden en el contexto de la DANA", ha considerado Lola Mor. En este sentido, el Colegio de Auditores también pone como ejemplo las ayudas que las empresas están dando a sus propios empleados, ya sea en adelantos de sueldo, ayudas directas o apoyo material. "Ahora mismo, estas ayudas se podrían interpretar como gasto o como donación, y por eso necesitamos un marco regulatorio que lo aclare para homogenizar todos los procesos, siempre teniendo en cuenta el beneficio superior de los afectados", ha continuado en este sentido.
"Lo que ahora mismo necesitan las personas y entidades que han sufrido los daños de la DANA es claridad y agilidad en los procesos. Y, sobre todo, tener seguridad fiscal para que las pérdidas no puedan seguir generando problemas en el futuro, o las ayudas acaben teniendo un retorno negativo por la falta de regulación", ha defendido Lola Mor.
Además, la presidenta del Colegio de Auditores también ha señalado que el Decreto Ley debería llegar antes del cierre de año, para recoger el ejercicio en el que se han dado los hechos. "Nuestra principal preocupación es que toda la ayuda se centre en la reconstrucción y recuperación de los afectados, y para eso hace falta seguridad", ha finalizado. El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Víctor Alió, refrendó las palabras de Lola Mor y aseguró que la situación de excepcionalidad de la DANA merece un marco normativo claro.
El reto ESG
Otro de los temas que preocupa al sector de la auditoría es la regulación de los Informes de Sostenibilidad, una norma que obligará a las empresas a medir su impacto social y ambiental, su transparencia y buen gobierno a través de mediciones muy estrictas. "Estamos a dos semanas de finalizar 2024 y las Administraciones todavía no han publicado la normativa, a pesar de que muchas empresas ya habían empezado a hacer las mediciones porque se suponía que iban a estar obligadas a ello. Y el año que viene, serán muchas más", ha explicado Lola Mor.
En este sentido, ha detallado que, en 2024, eran las empresas de más de 500 trabajadores e interés público las que tenían que empezar a medir su impacto, para presentar el informe en 2025. En 2025, teóricamente, el límite se ampliará a las que tienen más de 250 trabajadores, más de 40 millones de facturación o más de 20 millones en activos. Y, en los próximos años, se extenderá todavía más.
Es por ello que el sector de la auditoría pide máxima celeridad en el proceso de regulación, para que las empresas puedan tener toda la seguridad legal a la hora de abordar este nuevo reto de sostenibilidad. "Es cierto que el retraso en la Ley de Información de Sostenibilidad está generando cierta incertidumbre, pero casi con total seguridad las empresas se van a ir incorporando a la Directiva al ritmo esperado y, por eso, tenemos que estar preparados para ello", ha indicado Víctor Alió.
La auditoría crece un 3,2% en 2024
En el Día de la Auditoría de Valencia también se ha hecho balance de la evolución del sector, que ha crecido este año un 3,2%. "Sabemos que la auditoría va a crecer en los próximos años, y que se está abriendo a nuevas oportunidades con la entrada en vigor de los Informes de Sostenibilidad y otras cuestiones", ha explicado en este sentido.
En concreto, el dato de crecimiento se desprende de la venta de sellos durante los 10 primeros meses del año, lo que ya anticipa un cierre por encima de los datos del año anterior. "El sector de la auditoría va a ofrecer muchas y muy interesantes oportunidades en los próximos años. Por el momento, es una de las profesiones con más potencial de crecimiento, ya que cada año, el sector reclama la incorporación de 2.000 nuevos titulados universitarios en España, por lo que es una máquina de atracción de talento joven", ha finalizado la presidenta del Colegio de Auditores.
