Valencia
Algo más de 500 empresas valencianas deberán enfrentarse a partir del año que viene a un nuevo examen obligatorio, el Informe de Sostenibilidad, que pretende unificar la información y la transparencia en materia social, medioambiental y de buen gobierno en el ámbito europeo.
Los Informes de Sostenibilidad implementarán más medidas de control y verificación, al tiempo que también incorporan pautas y criterios para garantizar que todas las empresas realizan y presentan sus resultados bajo los mismos parámetros, de manera que puedan ser comparables entre sí y más fiables. Para ello las empresas tendrán que adaptar en parte sus controles internos para poder analizar cerca de un millar de puntos, aunque según explican desde el Colegio Oficial de Censores de Cuentas de la Comunidad Valenciana cada compañía deberá responder solo a aquellos que afectan a su actividad.
"Esta nueva normativa es un paso adelante para la información sobre sostenibilidad de las empresas, que cada vez está más cerca de conseguir el mismo nivel de control y precisión que se le exige a la información financiera", ha explicado Lola Mor, presidenta del Colegio y social de Fides–ETL Global.
Esta año ya tendrán que elaborar estos Informes de Sostenibilidad las grandes empresas de interés público, esto es las cotizadas o las que superan los 2.000 millones de euros de negocio, unos límites que reducen significativamente el número de firmas valencianas afectadas. Sin embargo en 2025, la normativa bajará a todas las empresas que reúnan al menos dos de las siguientes características: tener más de 250 trabajadores, presentar más de 40 millones de euros en facturación o tener más de 20 millones de euros en activos.
En total, el Colegio calcula que en la Comunidad Valenciana podrían ser más de 500 las empresas que el año que viene tendrán que empezar a emitir informes de sostenibilidad y buenas prácticas corporativas. En su mayoría se tratará de compañías del sector industrial, aunque también de otros sectores con peso en la economía valenciana como servicios y agro.
Los cambios
Según el vocal del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y socio de Deloitte, Pablo Company, "el cambio más sustancial de este nuevo informe es que incorpora pautas para que todas las empresas deban medir en los mismos parámetros y condiciones su impacto social, ambiental y gobernanza en toda la cadena de valor".
En este sentido, ha detallado que la información deberá basarse en un análisis de relevancia de los impactos riesgos y oportunidades que presenta para las compañías cada uno de los aspectos ESG. "Esto conseguirá elevar la importancia de la información no financiera a la de la financiera, vinculándola al modelo de negocio y la estrategia de las compañías, evitando situaciones de greenwashing y aportando una nueva capa de fiabilidad y transparencia a la información que publican", ha detallado.
Pese a los costes que supondrá la implantación de este nuevo informe obligatorio, desde el Colegio de Auditores subrayan que su aplicación supondrá mejoras a medio y largo plazo para las empresas. Para Amparo Ruiz, socia de EY y vocal del Colegio, señala que "este informe empuja a las empresas a ser más responsables y sostenibles con el entorno, lo que supone un valor diferencial muy importante de cara a inversores, los trabajadores y potenciales clientes". Además, recuerdan que la sostenibilidad es un factor que ya se tiene en cuenta a la hora por ejemplo de la financiación o la concesión de ayudas públicas.
En el caso del efecto en el sector de la auditoría valenciana, con 350 profesionales en la región con 34 sociedades y más de 4.000 empresas auditadas, el Colegio espera que genere un incremento del 13% en su actividad. Además, considera que la necesidad de especialistas en campos más allá del financiero permitirá "atraer personal y talento de otro perfil, de ámbitos como el bio y la sostenibilidad".