Valencia
La fuerza con la que el agua arrolló coches, locales, industrias, viviendas y garajes el pasado 29 de octubre en Valencia dejó a su paso un paisaje devastador cuyas magnitudes aún se siguen cuantificando. Una ola destructiva que de momento empieza a dejar claro que las primeras medidas y ayudas lanzadas para tratar de paliar el desastre se quedan cortas.
La avalancha de solicitudes que se han presentado durante este primer mes para las primeras ayudas directas que se convocaron ya ha provocado que se tengan que ampliar los plazos inicialmente previstos. Se trata de las ayudas a fondo perdido de 6.000 euros que lanzó la Generalitat Valenciana para compensar las pérdidas de bienes básicos y de primera necesidad en viviendas, como electrodomésticos, muebles y otros enseres.
En principio, los damnificados podían solicitar ese dinero hasta el próximo 16 de diciembre en los 75 municipios que se incluyeron como afectados en ese primer decreto autonómico de medidas para hacer frente a la catástrofe.
Sin embargo, el elevado número de peticiones y los obstáculos con que se están enfrentados muchos vecinos para volver a la normalidad en algunas de esas poblaciones ha llevado al Gobierno valenciano a prolongar en 15 días más ese plazo, hasta el 2 de enero. Además, en los otros diez municipios valencianos que se incluyeron posteriormente en el decreto el plazo se ha prorrogado también hasta el 20 de enero.
Dinero que se queda corto
El otro efecto que ha tenido el elevado número de damnificados en unos municipios que suman un tercio de la población de toda la provincia de Valencia es que el dinero inicial previsto por la Generalitat para pagar las ayudas en lo que quedaba de este año se ha agotado en el primer mes. Esta línea fue anunciada por el propio Carlos Mazón con una dotación total de 200 millones de euros, de los que 60 millones se consignaron para el ejercicio 2024 y los 140 millones restantes en 2025.
Sin embargo, esos 60 millones de euros se han quedado claramente cortos para hacer frente a las necesidades más urgentes de los damnificados. La Administración autonómica ha reconocido que a principios de este mes de diciembre ya se han agotado, después de haberse recibido más de 29.600 peticiones y tramitado alrededor de 10.100 solicitudes.
Los datos del propio Gobierno de Mazón muestran como la realidad superaba ampliamente las previsiones que manejaba. Para evitar el parón en el pago de estas ayudas que el propio Mazón bautizó como "exprés", el Consell ha tenido que adelantar 42 millones de euros inicialmente asignados para el próximo año y tratar de evitar así que aumenten las voces que critican la lentitud en los pagos de los fondos anunciados.
Los plazos
Precisamente, esa línea del Gobierno valenciano ahora prorrogada era la que incluía un periodo para presentar las solicitudes más corto, de poco más de un mes. En el caso de las ayudas directas por daños personales, en viviendas o locales e instalaciones industriales de la Administración estatal, que van desde 10.320 euros a 72.000 euros, el plazo para hacerlo finaliza el 8 de enero.
El tiempo incluso corre más rápido en las lanzadas hasta ahora para empresas y autónomos, ya que vencen a lo largo de diciembre tanto en el caso de las autonómicas como de las estatales.
"Más que los plazos sean breves, el mayor inconveniente en algunas ayudas es que tienen un presupuesto limitado y en vez de concederse a prorrata entre todos los solicitantes se conceden por orden de solicitud. Esto provoca que colapsemos todos por intentar darnos prisa en la solicitud para evitar que las denieguen", explica el economista Francisco Aranda, del despacho WealthLaw, que gestiona las ayudas para varias empresas.
Desde las gestorías y despachos profesionales también se considera que en una situación de emergencia con tal magnitud de afectados se hecha en falta mayor claridad y simplificar la carga administrativa y normativa. Por ejemplo, en las ayudas a "electrodomésticos esenciales" no se detallan cuáles se consideran como tales, lo que puede llevar a que muchos se encuentren con sorpresas una vez se revisen las la ayudas ingresadas.
El balance de las dos administraciones
Cinco semanas después de la DANA, los afectados de los municipios de la zona cero como Paiporta, Picanya y Sedaví siguen reclamando la urgencia de las ayudas directas para hacer frente a reponer lo más básico. Un dinero que según las asociaciones empresariales apenas llega y lo hace a cuentagotas. Una imagen que tanto el Gobierno valenciano como el central intentan contrarrestar en sus comparecencias.
Según los últimos datos facilitados tanto por la Generalitat Valenciana como por el Ministerio de Economía, hasta el momento se han tramitado y aprobado ayudas directas a afectados, autónomos y empresas por un total de 368 millones de euros por parte de ambas administraciones. Una cifra que queda muy lejos de los grandes anuncios de ambos Gobiernos que suman más de 17.400 millones de euros, la gran mayoría de la Administración estatal.
De momento, el Ministerio de Hacienda ya ha dado el visto bueno a las solicitudes unas 15.000 empresas y autónomos que recibirán 144 millones de euros, según explicó este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros ha dado luz verde a indemnizaciones por 130 millones de euros. Los expedientes ya tramitados suponen una indemnización media de 8.000 euros por vehículo y de 36.000 euros por comercio.
Un importe que apenas representa la punta del iceberg, teniendo en cuenta que el propio Gobierno estimó en 3.500 millones de euros el global al que tendrá que hacer frente el Consorcio, que ya ha recibido más de 220.000 reclamaciones.
Precisamente uno de los problemas diarios de los afectados es lograr la cita para el peritaje de los daños. Una situación que genera incertidumbre en muchas empresas que ya han realizado reparaciones para retomar su actividad o intentarlo cuanto antes.
Por su parte, el Gobierno autonómico cifra en 94 millones de euros ya distribuidos. En esa cifra además de las ayudas para las pérdidas en viviendas a los particulares se incluyen cerca de 34 millones concedidos a 4.790 empresas de una línea con hasta 100 millones.