¿Y si Sánchez imita a Trump y despide a los responsables de contar el paro?

La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ante el repunte de las cifras de paro, cesar a la funcionaria responsable de la elaboración de estas estadísticas, la comisionada de la Bureau of Labor Statistics (BLS) Erika McEntarfer, ha supuesto un terremoto que afecta a una cuestión también sensible en nuestro país: la fiabilidad de los datos del mercado laboral. ¿Podría ocurrir algo así en España? ¿Y qué efectos tendría? ¿Hasta qué punto tiene poder los políticos españoles para cambiar los datos que no les gustan?

A diferencia de su homólogo estadounidense, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene muchos motivos para quejarse de la evolución del empleo, si bien en los últimos años hemos asistido a una intensificación del debate sobre la calidad de los registros, especialmente tras la reforma laboral. Pero el señalamiento de un supuesto maquillaje ha partido de la oposición y se ha esgrimido como ataque a los responsables políticos (es decir, los ministros del ramo), no a quienes tienen la competencia directa de recopilar los datos.

Pero una cosa es lo que digan los partidos políticos y otra lo que haga el Ejecutivo. Y hoy por hoy no existen precedentes, ni en esta ni en anteriores legislaturas, en los que unas malas cifras de empleo se hayan resuelto "matando al mensajero" y no con la salida del responsable de las políticas laborales. Con su decisión, Trump ha traspasado una línea roja que en España sería inconcebible, porque hundiría la credibilidad de la economía. Aparte de que generaría un serio problema con la Unión Europea.

Sin embargo, las permanentes polémicas que rodean a otros organismos estadísticos, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han abonado el terreno para la desconfianza sobre un posible intento de esos responsables políticos de "maquillar" los datos. Además, coincide con el retraso en la publicación de una nueva y ambiciosa estadística que pretende revolucionar los datos sobre el mercado laboral, pero cuya publicación se está demorando más de lo esperado.

En España hay diversas estadísticas de empleo y desempleo, recopiladas y publicadas por organismos diferentes: los principales son el Servicio Público de Empleo Estatal (que informa de registros de demandantes de empleo y parados, por un lado, y de contratos por otro), la Tesorería General de la Seguridad Social (que analiza las afiliaciones) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora de manera trimestral la Encuesta de Población Activa. Los responsables de los tres organismos son cargos políticos —es decir, los determina el Consejo de Ministros— pero esto no significa que tengan control directo sobre la elaboración de las cifras.

Empezando por el SEPE, los datos provienen de los registros de los servicios públicos autonómicos, que son los que tienen la competencia para gestionar las demandas de empleo (y determinar si son parados o se clasifican de otra forma). Es decir, son los gobiernos autonómicos, muchos del PP, los que recopilan estas cifras y son los primeros en detectar cualquier irregularidad.

De hecho, en polémicas como la de los fijos discontinuos, las consejerías de Empleo 'populares' se han mantenido en silencio mientras la dirección general del partido lanzaba una ofensiva parlamentaria que el Gobierno ha sorteado con relativa facilidad. En parte, porque si el aumento de los fijos discontinuos ha contribuido a reducir el paro, varias regiones 'populares' son las más beneficiadas.

Además, la clasificación de los parados está regulada sin cambios desde 1985 y cualquier modificación debe consultarse no solo con las comunidades, sino con patronal y sindicatos, que participan en el denominado Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que coordina los trabajos de todos los servicios públicos.

Estadísticas 'ad hoc'

La Seguridad Social, por su parte, sí ha sido más innovadora en la elaboración de estadísticas durante los últimos años. Por un lado, la digitalización ha propiciado la mejora de la información que se puede obtener de los datos de afiliación. Por otro, el dato más utilizado no es un registro a último día de mes, como el del SEPE, sino una media de los afiliados, con el objetivo de reducir la exacerbada volatilidad diaria de la afiliación. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha introducido cambios, sobre todo en la etapa en la que lo dirigió el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Así, introdujo un nuevo modelo de datos desestacionalizados (reduciendo el efecto de la mencionada volatilidad), que arroja unos datos diferentes a los de la serie tradicional de afiliación media. Pese a sus intentos, la mayoría de los medios seguimos utilizando como referencia la anterior.

Otro cambio fue la publicación de datos quincenales de afiliación. Al tratarse de medias mensuales, con una simple operación matemática se podía extraer un dato orientativo a mitad de mes. De no producirse cambios drásticos en el mercado laboral, la cifra a mediados podría ser prácticamente la misma que la del conjunto del periodo.

Pero la utilidad de estos datos es cuestionable, no tanto por su metodología como por la intención política: parecía responder al objetivo de marcar distancias con el Ministerio de Trabajo (controlado por Sumar), del que la Seguridad Social se desgajó en 2020, con el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Aun así, los datos mensuales se siguen presentando en rueda conjunta.

Por su parte, el INE, dependiente del Ministerio de Economía, cuenta con un amplio corpus regulatorio de sus funciones y su metodología, que además está coordinado con la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), que usa estas cifras (así como parcialmente las del SEPE) para sus propias estadísticas laborales. Es muy difícil, por no decir imposible, manipular los datos, cuyos controles se han endurecido desde la Gran Recesión. Los posibles errores no pasan de eso: errores. Además, contarían con el rechazo frontal de los técnicos.

Pero, ¿y si hablamos de crear nuevas estadísticas que complementen a las anteriores? Nada impide al Gobierno hacerlo, y de hecho existe mayor discrecionalidad, pero no en la elaboración de los datos, sino en la decisión de si se elaboran o no. Trabajo ha recurrido a esta vía con operaciones como la Estadística de Despidos y su Coste, que para muchos analistas tenía como objetivo justificar las tesis sobre el encarecimiento del despido que defiende Yolanda Díaz. Pero se ha negado a publicar el estudio sobre los fijos discontinuos que Díaz prometió a principios de 2023.

Los funcionarios vigilan

Pero al margen de su intención, todos esos trabajos estadísticos (financiados con dinero público) exigen un rigor técnico y quedan sujetos a controles administrativos continuos. Además del escrutinio de los propios funcionarios.

Esto se ha visto recientemente con el plan del INE para publicar una Estadística de Relación con la Actividad a partir de Datos Administrativos (ERADA), una métrica que combina datos de todas las fuentes, así como del padrón y la Agencia Tributaria, y promete un análisis detallado a nivel municipal y semanal del mercado laboral. Algo que le acercaría al tipo de operaciones que elabora el Bureau of Labor Statistics (BLS), en el ojo de la ira de Trump.

La idea es que esta nueva estadística se publicara este verano, si bien el retraso a septiembre ha provocado malestar (y filtraciones a los medios) entre sus impulsores, que han llegado a denunciar incluso presiones del Ministerio de Economía —que este, por supuesto, ha negado. En todo caso, las características del funcionamiento del INE hacen que el poder del titular de esta cartera, Carlos Cuerpo, para vetar un programa ya aprobado sea nulo.

El mayor problema no es ya la injerencia política en los datos de paro, sino la sospecha de que existe. Si Trump se sale con la suya y cesa a McEntarfer, alimentará unas dudas que hundirán la credibilidad de la economía, tanto entre los ciudadanos como en los mercados. Un mal precedente que llevaría el análisis económico y laboral a los terrenos del relativismo y las 'fake news' que sustentan un estilo de gobierno que no pocos tachan de trumpismo, aunque no sea otra cosa que el populismo de toda la vida.