Vicente Magro (Tribunal Supremo), sobre el principal problema de la okupación: "La policía tiene miedo"

La ocupación ilegal de viviendas es un problema arraigado en España. La dificultad para adquirir una vivienda en propiedad, el aumento de los precios tanto de compra como de alquiler, las zonas más tensionadas que nunca y una regulación legal que deja varios frentes abiertos hacen que el proceso de okupación sea muy sencillo en comparación con el desalojo de los okupas.

De hecho, el Doctor en Derecho y magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, habla sobre el tema de la okupación, así como de algunas soluciones antiokupas eficaces, en una entrevista realizada por Confilegal y recogida en una publicación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde indica cuál es el principal problema contra los okupas y la imposibilidad del desalojo.

El problema para el desalojo de okupas

Existe en España una creencia extendida de que, en caso de que ocupen de forma ilegal una vivienda, la policía no puede desalojar inmediatamente a los okupas: "Para tener las cosas claras, a día de hoy una ocupación ilegal se puede acordar perfectamente", dice el experto, que señala que, en caso de que unos okupas entren a una casa vacía o una casa que constituya una morada, "el juez puede acordar el desalojo".

"Si ahora mismo entra una persona en un chalé y lo ocupa, el juez tiene el poder de ordenar el desalojo. Y no solamente el juez. Si la policía comprueba que la entrada se ha producido 5, 6 o 7 siete horas antes puede hacerlo hasta sin orden judicial", añade Vicente Magro.

Entonces, ¿cuál es el problema? "El problema está en que ahora mismo hace falta una ley integral sobre el fenómeno de la ocupación que defina el concepto de flagrancia", dice como principal problema, alegando que "es comprensible que la policía tenga miedo de actuar, porque no sabe cuál es el periodo que le va a acreditar el juez si le presentan una querella por haber desalojado a unas personas de forma ilegal".

"La policía tiene miedo de los problemas a la hora de desalojar a los ocupas"

Para el experto, ese periodo de flagrancia, en referencia al momento en que se está llevando a cabo el delito, de manera in fraganti, sin que ese autor haya podido huir, puede ser un periodo de entre 12 y 24 horas, pero eso tendría que estar regulado por ley "para seguridad de los agentes policiales". "La policía tiene miedo de los problemas a la hora de desalojar a los ocupas", asevera.

"Habría que hacer una ley que especificara la extensión temporal del concepto flagrancia. O que a nosotros nos llegara un caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que nos permitiera interpretar la extensión temporal de este concepto", dice el magistrado.

También explica una de las mejores soluciones a este problema a la hora de echar a los okupas de las viviendas, que no es otro que instalar una alarma 24 horas: "Si yo me pongo una alarma, la empresa de seguridad llamará a la policía, que tendrá una prueba irrefutable de la flagrancia, de cuándo se produjo la entrada en la vivienda. Va sobre seguro", dice.