La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reanudado pasadas las cuatro y media de ese martes su segunda sesión de deliberaciones sobre quién debe asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas, con el objetivo de superar la grave fractura existente. Hasta el momento han intervenido sobre este asunto un total de 23 de los 28 magistrados que componen el Pleno y no se descarta que se emprenda una nueva ronda, lo que podría retrasar el momento de la votación.
El tribunal debe fallar si estima o no tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias. Por el momento, la Sala se inclina, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto volviendo a la jurisprudencia tradicional, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
Por otro lado, es posible que el debate se alargue hasta última hora de este martes o incluso se lleve a mañana miércoles, ya que aún faltan por intervenir cinco magistrados --entre los que se encuentra el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo-- y es muy probable que se produzca una segunda ronda de intervenciones al ser las realizadas hasta el momento de carácter preliminar, según las mismas fuentes.
El trasfondo del asunto es valorar y ratificar si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, y de ser así, desde cuándo. Y es que en un primer escenario, dado que prescribe, a efectos fiscales, a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.
Al respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que las comunidades autónomas (CCAA) calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de esta retroactividad parcial. Con todo, la agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas.
Las asociaciones de consumidores, por su parte, confían en que el Supremo mantenga la decisión de que sea el banco el que haga frente a los actos jurídicos documentados, que si bien depende de la cuantía de la hipoteca y de la comunidad autónoma, va entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa.
