La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 5.000 millones de euros el potencial impacto que las comunidades autónomas calculan sobre la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas en el supuesto de que el Tribunal Supremo dicte finalmente que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años. Esta cifra contrasta con los 2.300 millones calculados por Moody's o los 3.600 millones de los técnicos de Gestha.
Así lo ha señalado durante su intervención en el Foro Cinco Días, en el que la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene ya elaborado un "plan" en caso de que la sentencia resulte finalmente favorable a los compradores de vivienda, una vez que el Supremo anuncie su decisión definitiva tras haber retomado este martes el debate.
Montero ha explicado que, una vez que se conozca la decisión, el objetivo es coordinar las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras, y que se haga "compatible" en la medida de lo posible que la reclamación de los afectados coincida con la reclamación a las entidades financieras para que ese "déficit" no lo tengan que soportar las cuentas públicas.
Según Montero, el impacto en las arcas públicas en el espacio que iría desde que los afectados reclamen a las comunidades el impuesto y la Administración haga lo propio a la banca -en el que el Estado se encargaría de abonar temporalmente las cantidades- sería de en torno a "cuatro o cinco décimas" de PIB, y por tanto podría poner en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB.
Pedirá comprensión a Bruselas
La titular de Hacienda ha indicado que si se produjese dicho impacto, el Gobierno hablaría con Bruselas para que tenga en cuenta que esa desviación de cuatro o cinco décimas en el déficit no obedece al Estado sino a esta circunstancia sobrevenida. En cualquier caso, desde Hacienda confían en que en el fallo se refleje con nitidez el pronunciamiento para acometer las actuaciones que correspondan.
En declaraciones a los periodistas antes del acto, Montero ha dicho que el Gobierno está "expectante" por el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el impuesto, que previsiblemente se producirá este martes, si bien ha avanzado que el Gobierno tiene estudiados los "distintos escenarios".
La discusión de los 28 miembros del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se prolongó durante unas ocho horas sin que se alcanzara un acuerdo y se ha retomado de nuevo este martes. "Estamos todos expectantes para escuchar la liberación de la sala del Supremo, de la declaración que se formule oficialmente", ha dicho Montero, quien ha matizado que "evidentemente" el Gobierno tiene estudiados los diferentes escenarios.
¿Qué pasa con los Presupuestos?
La ministra de Hacienda ha afirmado que "en absoluto" trabaja en un escenario de prórroga para 2019 de los Presupuestos de 2018, elaborados por el anterior Gobierno del PP, y ha insistido en que sigue trabajando "intensamente" para poder acordar con las formaciones políticas las cuentas públicas del próximo año.
Así lo ha señalado después de que ayer la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, abriese la puerta a una prórroga a los presupuestos de este año en el caso de que el plan presupuestario para 2019 no logre los apoyos necesarios por parte del resto de partidos políticos, una opción que sigue siendo el plan A del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Montero ha dicho que "en absoluto" trabaja en el escenario de prórroga presupuestaria, sino que está trabajando "intensamente" para poder acordar con otras formaciones unas cuentas que "son buenas para todos los ciudadanos", especialmente para los españoles con pensiones bajas, para subir el Salario Mínimo y para retomar el nivel de dependencia.
"Hay una tarea importante por delante, estamos en negociaciones con alguna formación política y continuaremos con lo siguiente. En materia de negociaciones tengo que ser discreta", ha agregado.
