El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido por mayoría ajustada (15 contra 13) que es el cliente quien debe asumir el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas. En esta segunda jornada de deliberaciones, y tras varias horas de debate, ya han intervenido sobre este asunto los 28 magistrados que componen la Sala. Después de un descanso para comer, los magistrados retomaron el debate para dar a conocer la decisión final sobre esta polémica cuestión.
Lo cierto es que, el Pleno del Supremo buscó ayer la forma de introducir una tercera vía de consenso entre los miembros de la Sala en la doctrina sobre quién paga el impuesto a las hipotecas, que minimice el golpe a la banca, ya que no se especificaba el alcance de estas devoluciones en las tres últimas sentencias emitidas desde el 16 de octubre.
No obstante, los magistrados comprobaron la enorme distancia que hay entre quienes apoyan las tesis de las últimas tres sentencias aprobadas, que consideran que debe pagar el banco el impuesto y los que defienden los argumentos del voto particular de estas sentencias, de que es el consumidor quien debe pagar.
A pesar de las intenciones de consenso, ayer no hubo forma de acercar posturas y, según algunas informaciones, hay una fuerte división: cinco posturas estarban a favor de la banca y cuatro en contra. Por ello, el Pleno continua los debates a lo largo del día de hoy.
Intercambio de opiniones
Primero, el Pleno intercambió opiniones sobre cómo se había abocado al mismo por el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, pues es la primera vez en la historia del Alto Tribunal que se ha reunido a la totalidad de los magistrados que la componen, para abordar en Pleno un asunto cuya doctrina acababa de establecerse por los magistrados de la sección especializada. La sensación de que la imagen del Tribunal Supremo ha quedado muy dañada quedó patente, según las citadas fuentes.
Posteriormente, se discutió la posibilidad de que los magistrados aprobasen la doctrina introducida en las sentencias controvertidas, sin entrar a analizar el fondo, lo que fue ampliamente rechazado por la mayoría de los magistrados. Para los ponentes de las tres sentencias emitidas en octubre, la Ley General Tributaria es clara y las comunidades autónomas deberían devolver el dinero tributado en los últimos cuatro años a los consumidores que lo reclamen para, después, exigir el pago a la banca.
En este último caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho que las comunidades autónomas calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución de este impuesto.
Con el criterio de las últimas sentencias, tanto el sujeto pasivo del IVA como el de AJD pasan a ser el mismo -en ambos casos, quien presta el servicio: el prestamista-.
Sin embargo, para otros magistrados, como consecuencia del mismo acto -en las escrituras públicas que documenten los préstamos de entidades financieras- el sujeto pasivo del IVA está sujeto pero exento del IVA -artículo 20.1.18.c Ley del IVA, pues aunque pueda repercutir el tributo, el sujeto pasivo del IVA sigue siendo el prestamista- y, en cambio, ese mismo prestamista - desde la perspectiva del AJD- está sujeto y no exento del este último tributo.
Por ello, consideran que es difícil justificar situaciones tan diferentes sobre tributos que tienen el mismo sujeto pasivo y que, además, derivan del mismo acto jurídico, lo que podría haber determinado de nuevo la intervención prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por aquí, es por donde se busca una solución.
Estaban presentes 28 magistrados, de los 31 que forman la Sala. Fernández Valverde estaba de viaje; Menéndez es presidente de la Junta Electoral Central y Herrero se ha apartado, porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid, Ayuntamiento que actúa de recurrente en los recursos que se ven en este Pleno. La mayoría mostró su deseo de debatir sobre el fondo de la cuestión y su alcance, por lo que entraron en materia doctrinal, tratando de llegar a una tercera vía.
