Las modificaciones a la Ley de Vivienda catalana aprobadas el pasado 23 de febrero entran en vigor, con el objetivo de afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La norma incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. Así, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble.
Desde Fotocasa apoyan que la administración pública catalana reconozca el problema de acceso a la vivienda y que trabaje para facilitar el acceso de la vivienda de los colectivos más vulnerables, sin embargo, consideran que "las acciones coactivas y no voluntarias, descritas en la normativa trasladan esta responsabilidad al sector privado". Así, desde el portal inmobiliario consideran que esta circunstancia "podría provocar que se contrajese la oferta residencial por parte de los grandes propietarios y que se paralizase la inversión de cara al exterior. En un mercado sumamente volátil como es el de la vivienda, en el que el 90% del parque depende de los arrendadores, cualquier medida que tenga el objetivo de sancionar, impactará en el sector causando las consecuencias contrarias a las deseadas: escasez de oferta y más dificultades para acceder a la vivienda".
Derecho a la propiedad privada
Es probable que esta regulación vuelva a causar litigiosidad en los tribunales, con reclamaciones por parte de los propietarios profesionales, "lo que generará un clima de inestabilidad, que será percibido como desamparo jurídico por los arrendadores", explican desde Fotocasa, quienes añaden que "el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales estas normas, que imponían directamente deberes concretos a los propietarios, y que por lo tanto interfiere en el derecho a la propiedad privada".
En este sentido, desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL consideran que esta ley "atenta" con contra el derecho de propiedad privada, "al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. Además, se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española".
Por lo que la directora general de ASVAL, María Andreu, coincide en que con esto se agravará el problema de los colectivos vulnerables, ya que el problema de la falta de asequibilidad de la vivienda reside en la escasez de oferta. Y es que, ante la inseguridad jurídica, esta norma puede provocar una mayor reducción del stock de viviendas ofertadas.
