Barcelona
El Parlament aprobó este miércoles la nueva ley catalana antidesahucios que toma el relevo de la anulada hace un año por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma y que incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica.
En ese caso, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble. Y la obligación se alarga en el tiempo: cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica, y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión.
La nueva ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose éstos como inquilinos con alquiler social. Es por ello que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña, quien asuma los alquileres de estas familias, ya sea a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas.
La nueva norma, que también contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada, salió adelante con el apoyo de los grupos impulsores -ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem- y el PSC, mientras que Vox votó en contra y Cs y el PP no votaron, después de que pidieran llevar la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y de que la Mesa lo rechazase.
Los miembros de la Mesa de ERC, Junts y la CUP se negaron a admitir a trámite esta petición de Cs y del PP, argumentando que el Reglamento del Parlament recoge que en iniciativas con firma de portavoces de los grupos, la del Grupo Mixto "únicamente se cuenta si está constituido por un mínimo de cinco miembros", algo que no ocurre actualmente, ya que el PP tiene tres diputados.
Ante esta situación, Cs se reservó el derecho de acudir a los tribunales, mientras que el PP anunció que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta decisión de la Mesa, que cree que ha sentado un "precedente muy peligroso" y que ha vulnerado derechos de los diputados, según la diputada popular Lorena Roldán.
Tras la aprobación de la ley en el pleno, representantes de entidades antidesahucios se fotografiaron en la escalera de honor del Parlament junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la de la Cámara, Laura Borràs; la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; la de Derechos Sociales, Violant Cervera, y diputados de los grupos que han apoyado la ley.
Fondo de riesgos
El pleno del Parlament también dio luz verde al Proyecto de ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, dotado con 10 millones de euros, que se creó para contraavalar los avales emitidos desde el Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a 34 excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat vinculada al procés. Fue con los votos favorables de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns.
El decreto de creación del fondo ya se aprobó en julio en el pleno, pero el Parlament decidió tramitarlo como proyecto de ley para incorporar las modificaciones que sugería el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
