tribunal constitucional

El rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas. González Rivas entregó al monarca la memoria anual del TC del año 2020 y Lesmes, la de los años 2019 y 2020 del Supremo, según informó la Casa del Rey. Este encuentro se produce cuando se acaba de conocer la sentencia del TC que declara inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la pandemia y cuando hay fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial porque no se han renovado los cargos en los órganos judiciales a pesar de estar su mandato expirado.

Es la pregunta que muchos españoles se hacen tras la sentencia de esta semana del Tribunal Constitucional (TC). ¿Qué sucede con las multas impuestas durante el primer confinamiento después de que el Tribunal lo declarara ilegal? La respuesta fácil es que, al establecer inconstitucional este periodo, las sanciones sean declaradas nulas. Sin embargo, la sentencia, cuyo texto aún no se ha publicado, puede mantenerlas.

La inacabable fase de pruebas de Radar Covid

Ni siquiera el Ministerio de Sanidad defiende ya la aplicación Radar Covid. De hecho, fuentes del entorno de la ministra Carolina Darias aseguran que “la herramienta es un completo fracaso”, tanto por su escasa penetración entre la población como por los pocos casos que es capaz de rastrear. En concreto, hablan de que menos del 20% de la población se ha descargado una herramienta que solo detecta el 2% de los contagios. No obstante lo peor es que las cifras no tienen visos de mejora alguna debido a que Radar Covid sigue en fase de pruebas en varias comunidades autónomas pasados más de diez meses desde su lanzamiento. “Hay siete regiones que no han firmado el convenio para comenzar a utilizar la aplicación en su territorio”, aseguran en el Ministerio de Sanidad. País Vasco, Navarra, Canarias, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Cantabria son las autonomías en las que aún no está operativa la aplicación. Por lo que se dice la falta de entendimiento que ha habido con los gobiernos autonómicos es lo que ha impedido a Radar Covid superar una fase de pruebas que algunos ya califican de “inacabable”. “Como se acumule más retraso, la herramienta empezará a ser útil cuando ya haya pasado la pandemia del coronavirus”, bromean en círculos políticos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

La Abogacía es una profesión que asegura la efectividad del derecho a la defensa y se constituye en garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este contexto, los abogados estamos sujetos a un estricto régimen deontológico, un conjunto de reglas éticas que debemos seguir en el ejercicio de nuestra profesión y a las que nosotros mismos nos hemos obligado conforme al principio de autorregulación.

El Pleno del Tribunal Constitucional descarta que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez hayan sido condenados por llamar a la movilización ciudadana, protestar frente a la prohibición del referéndum, ni por la propuesta política que defiende, sino por la incitación al incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales. Así, lo reconoce el Tribunal Constitucional en las sentencia que recogen los acuerdos del Pleno en las que rechazan que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró este jueves la inconstitucionalidad y la nulidad de esa disposición final con la que el Gobierno modificó la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para blindar los cambios de la composición de la Comisión Delegada que regula este órgano; cambios que supusieron la inclusión de Iglesias y del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

Sin futuro para la ley de alquiler catalana

Todo indica que el control de los precios de los alquileres que la Generalitat de Cataluña aprobó en octubre de 2020 tiene los días contados. Al menos esa es la idea que barajan los asesores jurídicos del Govern respecto a la ley que se aprobó el pasado octubre. "Existe un total convencimiento de que el Tribunal Constitucional la va a tumbar, seguro. Hay que prepararse para ello", dicen los asesores. Por lo que se comenta, el origen del pesimismo que se respira en la Generalitat está en la sentencia contraria dictada por el mismo tribunal en febrero referida al decreto de alquiler social de 2019. El Constitucional la anuló al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias", para los dueños de pisos mediante un decreto ley, lo que es ilegal. "Este antecedente da a entender que los jueces también declararán inconstitucional el control sobre los alquileres", reconocen en el entorno del consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, que fue el impulsor de la medida. Las fuentes indican también que el convencimiento general de que la ley catalana tendrá un corto futuro ha llegado también al sector inmobiliario que, dicen, está a la espera de la sentencia del Constitucional para acometer nuevas inversiones.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en el Pleno celebrado este jueves estudiar en un Pleno Extraordinario la posibilidad de interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la reforma que recorta sus atribuciones para nombrar altos cargos judiciales, pero para ello será necesario que cinco de sus vocales presenten una propuesta al respecto antes del próximo día 30, fecha en la que concluye el plazo para poder recurrir al Tribunal de Garantías.

A los efectos de la concesión de la pensión de viudedad, la constitución de la pareja de hecho puede acreditarse mediante un medio válido en Derecho y no solo, como venía reconociendo hasta ahora por la constancia en el registro de parejas de hecho autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público notarial.

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó este miércoles la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma de la Ley de Salud de Galicia y, en consecuencia, la suspensión del apartado cinco del artículo único de la modificación, en el que se definen actuaciones concretas y medidas a adoptar frente a la pandemia, como la vacunación obligatoria.

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha rechazado el miércoles los recursos presentados contra el Fondo de Reconstrucción europeo que pedían su paralización, con lo que le da luz verde para que el presidente de Alemania firme el paquete legislativo para aprobar las ayudas de 750.000 millones y el reparto entre los socios europeos.

El Tribunal Constitucional alemán ha considerado este jueves que la ley que restringió el precio de los alquileres en la ciudad-estado de Berlín desde 2020 es contraria a la Constitución. El texto legal tumbado por los jueces fue una iniciativa impulsada para detener el incremento de los precios del sector inmobiliario en la capital germana.

A estas alturas, las líneas generales del fondo de recuperación de la UE tras el coronavirus, los Next Generation, son bien conocidas, a la espera de que se logre su ratificación definitiva y los efectos que pueda tener el Tribunal Constitucional alemán.

El inicio de la Semana Santa, más apagada que de costumbre por segundo año consecutivo y en tono bajo por la pandemia, el escaso avance de la vacunación y más restricciones, viene marcado, a su vez y entre otras, por tres pinceladas sombrías. Una de ellas es el bazar en que se ha convertido la Unión Europea con su fatídica gestión de las vacunas - en línea con los pasos del controvertido cambio de hora, cada año discutiéndose y seguimos avanzando o retrasando las manecillas del reloj según sea horario de invierno o de verano -, fallando estrepitosamente la Comisión y trasmitiendo una sensación de que la distribución de las vacunas es puro cachondeo, que se amplía a los gobiernos de cada Estado miembro.

La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 88 de la ley de la comunidad autónoma de Cataluña de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente, aprobada en abril de 2020, que aumenta el mínimo personal de tributación del IRPF.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, se reunirán hoy con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha examinado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 86 diputados del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso contra el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y contra el artículo único de decreto–ley del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, así como contra el Acuerdo del Parlamento de Cataluña de 4 de marzo de 2020 de validación del último decreto-ley 1/2020.

El Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado hoy Pleno, que concluirá el jueves, cargado de asuntos que afectan a Cataluña, que se refieren a asuntos de interés jurisprudencial de primer orden, como es la admisión a trámite de la Ley que establece la limitación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda; la toma en consideración del recurso sobre el Decreto Ley para mejorar el acceso a la vivienda; y el primer recurso contra la sentencia del 'procés'.

El Pleno del Tribunal Constitucional declara que la perturbación de una ceremonia religiosa no está amparada por el derecho a la libertad de expresión, según informa el Tribunal en una nota. La sentencia no ha sido publicada.

Encabezado con, 'Querida ministra', el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, envió este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde advierte que el Ejecutivo regional se opondrá a la imposición de subidas de impuestos "por todas las vías políticas y jurídicas" a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional. La carta ha sido la antesala del encuentro que este miércoles a las seis tenían los distintos consejeros de Hacienda del PP, con Teodoro García Egea y Elvira Rodríguez, para abordar la armonización fiscal como quiere Pedro Sánchez.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, llamó al Congreso a aprobar el proyecto del Ejecutivo para el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, el cual permite el retiro de manera legal y enfocado en las familias que más lo necesitan.

El uso de la mascarilla por la pandemia del Covid-19 no vulnera los derechos fundamentales a la integridad física y moral y al honor, entre otros, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2020.

El gobierno del presidente Sebastian Piñera busca impedir el proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% desde el fondo de pensiones, para ello el mandatario presentó una solicitud de insconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Sin libertad ni igualdad. Así ha sido la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de la reforma educativa, la Lomloe, para que pase a tramitarse en el Senado, antes de su aprobación definitiva. La norma, la más polémica hasta el momento -ha tenido el apoyo de 177 votos-, y que cuenta con el no rotundo de la mayoría de la comunidad educativa y de la oposición, elimina el castellano como lengua vehicular, limita la educación concertada y la libertad de elección de centro por parte de los padres, devalúa la asignatura de Religión y permite la promoción de curso con suspensos.

El Tribunal Constitucional acaba de darle la razón al Gobierno vasco en la disputa que mantenía con el ministerio de Transición Ecológica por el bono social térmico y ha declarado inconstitucionales varios de los preceptos incluidos en esta normativa.

El pase a la condición de concejal no adscrito de un tránsfuga, "impide que asuma cargos o que perciba retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas, aunque si que puede incorporarse a las comisiones informativas, según determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 26 de octubre de 2020.

Para conceder una extradición se requiere del control judicial en el país de origen para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado, según establece el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que no hay garantía efectiva del derecho a la libertad reconocido en el artículo 6 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea "sin una mediación judicial que controle la necesidad y proporcionalidad de la medida que la afecte".

Este fin de semana, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas participó de una manifestación pública para exigir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial en el caso de las más de 1,300 mujeres que fueron esterilizadas en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).