tribunal constitucional

El Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional con el fin de lograr un reparto justo de los fondos europeos, Next Generation, algo que en su opinión no está sucediendo hasta el momento. El lunes, el líder del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, abordaba esta cuestión y ponía de nuevo el acento en la útilización que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de estas ayudas, premiando "a dedo" a administraciones regidas por el Partido Socialista.

El Pleno jurisdiccional celebrado el día 15 de diciembre ha decidido inadmitir a limine por unanimidad todas las recusaciones formuladas contra la magistrada Concepción Espejel y el magistrado Enrique Arnaldo.

El Tribunal Constitucional celebró este jueves el acto de toma de posesión de sus nuevos magistrados: Juan Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera e Inmaculada Montalbán Huertas. El acto estuvo presidido por Juan José González Rivas, cuyo mandato de presidencia ha durado cuatro años y ocho meses.

El Consejo de Ministros ya ha "arreglado" lo de la plusvalía municipal, tal y como anunció la ministra Montero. Cuatro años y dos gobiernos después de la anterior sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, la cual ya requería al legislador adecuar este impuesto municipal, finalmente se ha aprobado la reforma legal mediante la cual se quiere subsanar la declaración de inconstitucionalidad dictada el pasado 26 de octubre por el alto tribunal.

El Tribunal Constitucional acaba de dar un disgusto serio a los Ayuntamientos de todo el país al anular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía. Sin embargo, como nunca llueve a gusto de todos, se trata de una buena noticia para los ciudadanos, sobre todo para aquellos que pueden recuperar el dinero pagado de forma injusta y para los que, a partir de ahora, no tendrán que asumir este impuesto.

La reforma exprés de la plusvalía municipal no establece ninguna transitoriedad, lo que para los juristas significa que las operaciones entre el 26 de octubre y ayer quedan exentas de tributar.

La Generalitat de Cataluña buscará “otras maneras” y mecanismos que compensen la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular por invasión de competencias estatales la rebaja en Cataluña del IRPF a las rentas más bajas aprobada en 2020, según explicó este lunes la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi.

El Gobierno ha aprobado este lunes el real decreto-ley que adecúa el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulo el método de cálculo de la llamada plusvalía municipal que grava la revalorización del suelo ante una venta, donación o herencia de una vivienda.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública baraja llevar al próximo Consejo de Ministros un real decreto-ley para reformar los artículos que se han declarado inconstitucionales en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.

Los magistrados Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón consideran que el Tribunal Constitucional no debería haber anulado los artículos declarados inconstitucionales del Impuesto sobre la Plusvalía, porque era posible arbitrar un sistema por el que los contribuyentes que pagaron el impuesto podían haber recuperado su dinero.

Salen a la luz los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cálculo de la plusvalía municipal. El Pleno del tribunal, que el pasado 26 de octubre adelantó el fallo en el que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo, entiende que "aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad". | Consulta aquí la sentencia completa.

Mientras que en España, poco a poco, se va cogiendo el pulso al Covid-19 y la vacunación parece servir de arma eficaz para reducir los nuevos contagios, así como para suavizar los efectos adversos de la enfermedad, las armas políticas con las que se pretendió luchar contra la fatídica pandemia han demostrado ser ineficaces, o, al menos, contrarias a la ley.

El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.

Como si de una serie de televisión de juicios y abogados se tratase, el Tribunal Constitucional nos ha brindado un perfecto spoiler del final judicial del culebrón de la plusvalía municipal, anunciando, antes de publicar la sentencia, el contenido de la parte dispositiva por la que declara la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecen el cálculo de la cuota del impuesto. Lógicamente, sin posibilidad de determinar las cuotas, el impuesto deja de tener sentido como fuente de ingresos para los municipios.

El Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta a las reclamaciones por el Impuesto de Plusvalía Municipal. No solo no se podrán reclamar las situaciones que ya han sido juzgadas o resueltas en firme por la administración, tal y como se anunciaba en la nota emitida tras el acuerdo del Pleno, sino que tampoco podrán reclamar quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (el 26 de octubre de 2021) y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada en plazo.

Los Ayuntamientos españoles no saben como cuadrar sus presupuestos para 2022, tras la anulación del sistema para establecer el cobro del impuesto sobre plusvalía (IIVITNU) por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se regulaba en los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el texto legislativo que reguló la puesta en marca del segundo estado de alarma por la pandemia del Covid-19, al considerar que se hizo sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga de seis meses finalmente concedida por la mayoría parlamentaria.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha señalado que analizará la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor (plusvalía) de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Tribunal Constitucional declara nulo e inconstitucional el método objetivo de determinación de la base imponible del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal. Hasta ahora la justicia había rechazado el pago cuando se producía la venta de un inmueble con pérdidas.

El Tribunal Constitucional ha dado una nueva estocada al Impuesto conocido popularmente como de la plusvalía municipal (Impuesto sobre sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU) al declarar inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que regulan la forma de establecer la base imponible del tributo.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Decreto-Ley 8/2021, que establece el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) sobre medidas sanitarias restrictivas adoptadas por las Comunidades Autónomas (CCAA).

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña que permite limitar los precios del alquiler y que admite la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse el afectado en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional.

El Tribunal Constitucional declaró que la modificación del Código Penal efectuada en el año 2015 , por la que se introdujo la prisión permanente revisable "es conforme a la Constitución".

Más base para reclamar por el estado de alarma

El Tribunal Constitucional falló ayer que el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno. Este es solo el primero de los dos varapalos judiciales que el Ejecutivo espera recibir por parte del Constitucional en las próximas fechas. El siguiente concierne a la declaración del segundo estado de alarma en 2021. En Moncloa ya se temen que el tribunal presidido por Juan José González Rivas volverá a fallar en su contra. “En julio se declaró ilegal el primer estado de alarma. Nada hace pensar que ahora la Justicia vaya a emitir un dictamen diferente”, reconocen en el entorno de Moncloa. Con todo, lo que más preocupa en el seno del Gobierno son las reclamaciones millonarias a las que se exponen tras los fallos judiciales. Más aún al conocerse que ya se ha publicado una guía para empresas, firmada por una importante consultora, en la que se ofrecen las pautas a seguir para que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial derivada de su gestión de la pandemia. Fuentes cercanas a Moncloa reconocen que ese tipo de documentos “se lo ponen muy fácil a los cientos de sociedades que están deseando reclamar”.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional parte del real decreto de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En particular, los jueces anulan dos aspectos: por un lado, el que dejaba a las personas jurídicas fuera de este mecanismo y por otro, el que permitía a los bancos no pagar las costas si finalmente perdían en los tribunales.

El rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas. González Rivas entregó al monarca la memoria anual del TC del año 2020 y Lesmes, la de los años 2019 y 2020 del Supremo, según informó la Casa del Rey. Este encuentro se produce cuando se acaba de conocer la sentencia del TC que declara inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la pandemia y cuando hay fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial porque no se han renovado los cargos en los órganos judiciales a pesar de estar su mandato expirado.

Es la pregunta que muchos españoles se hacen tras la sentencia de esta semana del Tribunal Constitucional (TC). ¿Qué sucede con las multas impuestas durante el primer confinamiento después de que el Tribunal lo declarara ilegal? La respuesta fácil es que, al establecer inconstitucional este periodo, las sanciones sean declaradas nulas. Sin embargo, la sentencia, cuyo texto aún no se ha publicado, puede mantenerlas.

La inacabable fase de pruebas de Radar Covid

Ni siquiera el Ministerio de Sanidad defiende ya la aplicación Radar Covid. De hecho, fuentes del entorno de la ministra Carolina Darias aseguran que “la herramienta es un completo fracaso”, tanto por su escasa penetración entre la población como por los pocos casos que es capaz de rastrear. En concreto, hablan de que menos del 20% de la población se ha descargado una herramienta que solo detecta el 2% de los contagios. No obstante lo peor es que las cifras no tienen visos de mejora alguna debido a que Radar Covid sigue en fase de pruebas en varias comunidades autónomas pasados más de diez meses desde su lanzamiento. “Hay siete regiones que no han firmado el convenio para comenzar a utilizar la aplicación en su territorio”, aseguran en el Ministerio de Sanidad. País Vasco, Navarra, Canarias, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Cantabria son las autonomías en las que aún no está operativa la aplicación. Por lo que se dice la falta de entendimiento que ha habido con los gobiernos autonómicos es lo que ha impedido a Radar Covid superar una fase de pruebas que algunos ya califican de “inacabable”. “Como se acumule más retraso, la herramienta empezará a ser útil cuando ya haya pasado la pandemia del coronavirus”, bromean en círculos políticos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

La Abogacía es una profesión que asegura la efectividad del derecho a la defensa y se constituye en garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este contexto, los abogados estamos sujetos a un estricto régimen deontológico, un conjunto de reglas éticas que debemos seguir en el ejercicio de nuestra profesión y a las que nosotros mismos nos hemos obligado conforme al principio de autorregulación.