El denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nace, como ya ha ocurrido con otras leyes decretadas por el actual Gobierno de España, muy mal parido.

Los expertos avisan a los contribuyentes afectados por el impuesto a las grandes fortunas que, atendiendo a dos sentencias similares del Tribunal Constitucional, si quieren impugnar el tributo no se confíen a la espera del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, puesto que el Tribunal de Garantías ya ha fallado en dos ocasiones anulando un tributo pero limitando la retroactividad del efecto exclusivamente a aquellos que se habían movilizado y también había recurrido el gravamen, frente a quienes no habían actuado. "Lo que viene a decir (el Constitucional), es que no se puede tratar de la misma manera al que es proactivo frente al que no lo es", asegura Antonio Puentes, responsable del departamento fiscal de BDO Abogados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) remienda al Tribunal Constitucional (TC) por su sentencia del 11 de marzo de 2014, de la que fue ponente el magistrado Ortega Álvarez, que anuló el segundo inciso del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social que permitía a las CCAA con derecho civil propio regular los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho. El Constitucional consideró que es una competencia exclusivamente estatal y tras eso, se estableció el requisito a nivel nacional de tener establecida legalmente la unión, al menos dos años antes de que se dé el fallecimiento de la pareja, para acceder a la pensión de viudedad.

El impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas -ISGF-, aprobado por el Gobierno en tiempo legislativo récord, y mediante enmienda 'colada' en una proposición de ley que tramitaba los gravámenes extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas, no deja de copar titulares en los medios de comunicación por las múltiples dudas que plantea, y por cómo acabará afectando, de manera desigual, al Patrimonio de los contribuyentes de las distintas Comunidades Autónomas.

El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha encargado la confección de un 'Plan de Choque' para poner al día, en un plazo de seis meses, la tramitación de los recursos de amparo, que actualmente se encuentra seriamente retrasada.

Cándido Conde Pumpido ha sido elegido durante el Pleno de este miércoles en la Corte de Garantías, como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) en sustitución del saliente Pedro González-Trevijano. El exfiscal General del Estado, ha obtenido seis de los once votos posibles mientras que María Luisa Balaguer, la otra candidata progresista para el cargo, se ha quedado tan solo a un voto de diferencia para alcanzar la cima.  

La reunión que tuvo lugar este martes por separado entre el bloque progresista y el conservador, concluyó sin que ninguna de las partes llegara a un acuerdo sobre quién debía ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) tras la reciente salida de Pedro González-Trevijano.

Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, han tomado posesión este lunes de sus puestos, lo que ha completado la renovación parcial de este órgano.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano se ha despedido este lunes a través de un discurso durante la toma de posesión de los nuevos magistrados elegidos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Durante su oratoria, el presidente ha querido reivindicar el constitucionalismo en todas sus vertientes y el papel del Tribunal como garante del orden constitucional, al mismo tiempo, apunta que en España solo hay "una soberanía, la del pueblo español". 

El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional (TC) ha dado en la mañana de este jueves luz verde a los cuatro magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional (TC) al ponerse de acuerdo en la elección de los dos magistrados que le corresponde elegir. El Pleno del CGPJ ha elegido por unanimidad a César Tolosa (presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala Cuarta hasta su jubilación en octubre), después de la fallida votación del pasado día 20 de diciembre en la que no lograron ponerse de acuerdo.

No se puede saber si los leves inconvenientes que el Tribunal Constitucional (TC) le ha puesto a la diarrea legislativa de Sánchez ya estaban previstos por éste, mas, lo que sí parece claro es que Sánchez y sus adláteres pretenden aprovechar este pequeño toque de atención para lanzarse hacia lo que más les gusta: el enfrentamiento con la oposición y así dividir a los españoles. Lo cual en manos de estos demagogos se convierte en una lucha final entre la extrema derecha (judicial y política) y nosotros, los defensores de la soberanía popular. Para lo cual Sánchez siempre contará con el apoyo de los enemigos de la Constitución (Podemos y los separatistas, siendo estos últimos enemigos también de España pero amigos de nuestros dineros).

El Gobierno ya tiene plan b para sacar adelante las dos enmiendas de la reforma penal vetadas este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la modificación del sistema de renovación de los magistrados del tribunal de garantías y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recurrió el PP. El Ejecutivo registrará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que incluya el objeto de las dos enmiendas. La proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya ha mantenido conversaciones con varios partidos políticos que han censurado la decisión del Constitucional con el objetivo de que se sumen a la iniciativa.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este martes su primera votación para elegir a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde nombrar, pero no han logrado acuerdo ninguno porque ambos bloques, el progresista y el conservador, se han mantenido en sus respectivas posiciones.

Pedro Sánchez ha comparecido este martes en la Moncloa en una declaración institucional en el que ha mostrado su más absoluto desacuerdo ante la decisión adoptada el pasado lunes sobre la aprobación del Tribunal Constitucional de paralizar el procedimiento legislativo del PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

El Tribunal Constitucional ha rechazado apartar a los magistrados Trevijano y Narváez tal y como habían pedido Unidas Podemos y PSOE en las recusaciones presentadas el pasado jueves, antes de que se reuniese el Pleno del Tribunal de Garantías, que finalmente aplazó la convocatoria a este lunes.

El Tribunal Constitucional (TC) celebra hoy el Pleno extraordinario más crispado y complicado de su historia. Los magistrados están convocados para abordar el recurso de amparo presentado por el PP en el que solicita la suspensión de la tramitación parlamentaria de las enmiendas presentadas en la Ley que reforma la sedición por las que se modifica el sistema de mayorías para la elección de los dos candidatos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberán ser designados el próximo martes.

A expensas de la resolución que el Tribunal Constitucional tome el lunes y de la votación parlamentaria definitiva que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma exprés del Código Penal que implica la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, además del cambio del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, modelos que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Esquerra Republicana.

Unidas Podemos se ha desvinculado este lunes de la enmienda, presentada el pasado viernes por ERC en el Congreso de los Diputados, para reformar el delito de malversación, y acordada con el PSOE por lo que no ha puesto su firma en el texto, pero, sin embargo, sus parlamentarios sí que han advertido que, a pesar de ello, sí que apoyarán la Ponencia con el texto completo de la ley, que incluye la rebaja del delito de sedición y la reforma de las mayorías para desbloquear la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de una sociedad incluida en el sistema de notificaciones electrónicas (NEO) de la Agencia Tributaria (Aeat), tras una comunicación certificada, notificada a una menor de edad, sin relación mercantil con la entidad, aunque fuera hija del administrador social.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido este jueves durante una reunión la necesidad de crear 32 nuevos juzgados de lo social con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de respuesta en las provincias donde se ha detectado una demora de más de un año en los actos de conciliación y juicio. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros para nombrar como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Presidencia Laura Díez.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este martes que no va a estudiar a los dos candidatos del Gobierno, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, para formar parte del TC, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anuncie también a sus dos candidatos.

El decreto ley se ha convertido en la forma ordinaria" de legislar y su utilización abusiva, sin respetar los límites establecidos por la Constitución, ya no es una norma prácticamente alternativa sino que se ha convertido en sustitutiva de la Ley, lo que supone un deterioro del proceso parlamentario deliberativo, según se afirma en el I Informe sobre la situación del Estado de Derecho en España 2018-2021, elaborado por la Fundación Hay Derecho.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres recursos de amparo planteados sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordenaba la demolición del complejo Isla de Valdecañas, ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie, en la presa de Valdecañas.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencias de 25 y 26 de octubre de 2022, ha declarado inconstitucional y nula una norma canaria que extendía el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a supuestos no previstos por el legislador estatal.

El Pleno del Tribunal Constitucional desestimado por unanimidad la solicitud de suspensión cautelar de la autorización dada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde y confirmada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, qu autorizaba a que el servicio médico sanitario de una residencia administrara la vacuna contra el Covid-19 a una persona de edad avanzada que padece Alzheimer y cuya capacidad de decidir ha sido modificada por sentencia judicial.

Miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han compartido este viernes el diagnóstico de que la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin renovar desde 2018, es insostenible, llegando a calificar la situación de "escandalosa", en el marco de una jornada organizada por Vox en el Congreso.

La tercera reunión de interlocutores progresistas y conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabó ayer sin ningún tipo de acuerdo, a pesar de la amenaza de dimisión de su presidente y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.