El sector inmobiliario sigue advirtiendo de las nocivas consecuencias que tendrá la futura Ley de Vivienda en el mercado. Una de ellas es que es frenará el auge del 'Build to Rent', uno de los segmentos de mayor expansión y proyección en España.
Las estimaciones iniciales de los expertos apuntaban a que a partir de 2022 las construcciones de 'Build to Rent' se situarán entorno a las 8.500 edificaciones anuales. Este número podría ir aumentando progresivamente hasta situarse en torno a los 80.000 en 2028. Sin embargo, creen que las nuevas se reducirán un 30% en los próximos cinco años debido a la intervención del Gobierno en el mercado del alquiler.
"Se trata de una decisión que alejará a los inversores, tanto nacionales como internacionales. La intervención del Gobierno generará inseguridad jurídica ya que, al fijar un precio del alquiler para los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tienes 10 o mas viviendas, muchos promotores y grandes carteras se replantearán su estrategia", asegura Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI).
El Gobierno tiene intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre, según ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha señalado que aún quedan por perfilar algunos detalles de la norma, pero ha insistido en que la intención del Ejecutivo no es demorar su aprobación.
Fuga de capital extranjero
Los inversores extranjeros ya han manifestado su rechazo de la ley y podría originar una fuga del capital extranjero, y, por ende, que no se llegue a alcanzar la plenitud que se esperaba en el segmento del 'Build to ren'.
Además, actualmente, las viviendas de alquiler representan un 25% del total del mercado inmobiliario español. Si a raíz de la ley, esta oferta se disminuye, los precios de este tipo de activos se encarecerán de manera considerable. "Si la oferta baja y la demanda sigue siendo la misma los inquilinos que sean familias de clase media o jóvenes, que son los principales interesados en este tipo de activos, tendrán una dificultad mayor para encontrar una vivienda", añade Montse Moreno, vicepresidenta de AEPSI.
