Poco a poco se va conociendo la letra pequeña de la ley de vivienda que acordaron ayer PSOE y Unidas Podemos tras meses de enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición por el control de precios al alquiler. Estas son todas las claves de la nueva norma.
A quién va dirigida
-Grandes tenedores (personas jurídicas): las empresas o fondos con más de diez propiedades en zonas tensionadas son el objetivo principal de la norma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, con especial interés por parte de estos últimos. Su definición fue uno de los grandes escollos de la negociación.
-Grandes tenedores que sean personas físicas.
-Pequeños propietarios que tengan menos de diez viviendas en propiedad.
Principales medidas
-Control de precios al alquiler según los índices de referencia de zonas de mercado tensionado. Los arrendamientos no podrán superar el máximo que establezcan las tablas de referencia.
-Congelación de precios e incentivos fiscales. Grandes propietarios (personas físicas) y pequeños tenedores podrán obtener bonificaciones de hasta el 90% en el IPRF por, entre otros supuestos, bajar el precio o rehabilitar la vivienda.
-Recargo de hasta el 150% en el IBI para las viviendas vacías.
-Parque público de alquiler con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (VPO), del que el 15% irá a alquiler social.
-Bono joven de vivienda: de manera paralela al anuncio de la cuerdo en materia de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un bono joven de 250 euros mensuales de ayuda al alquiler para personas de entre 18 y 35 años con rentas e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Cuántos pisos habría que revisar
Según los cálculos del Gobierno, compartidos por Sánchez en la misma entrevista, podrían ser en torno a 150.000 pisos los susceptibles de tener que ajustar a la baja el precio del alquiler. Sin embargo, solo con el rechazo del PP para aplicar la regulación, el total variaría sustancialmente.
Las 34 empresas en el punto de mira
El fondo estadounidense Blackstone encabeza la lista de fondos de inversión, entidades bancarias y socimis a los que señala la ley. De los 150.000 pisos señalados por el Gobierno, 110.000 están gestionados por 34 bancos, fondos, compañías de seguros y socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria), lo que supone un 4,2% del 'stock' total, según un informe de Atlas Real Estate Analytics.
-Blackstone: la firma estadounidense es el mayor fondo de inversión del mundo y propietario de unas 40.300 viviendas en España, especialmente a través de sus plataformas Testa residencial (20.000), Fidere Patrimonio (6.500), Albirana Properties (9.976), Euripo (1.569) y Torbel Investments 2015 (2.170).
-Caixabank: la entidad cuenta con 25.000 viviendas.
-Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb): 9.600 propiedades, según el informe de Atlas, publicado el pasado marzo.
-Lazora: socimi con cerca de 7.000 inmuebles (la mayor de este grupo).
De quién depende la aplicación
Aunque la ley será aprobada por el Gobierno, en la práctica el Ejecutivo será más un asesor para las Comunidades Autónomas (CCAA) y Ayuntamientos, de quienes dependerá la aplicación (o no) de la norma.
Apenas un día después del anuncio, todas las regiones gobernadas por el Partito Popular (PP) ya han avanzado que no aplicarán el control de precios y que llevarán la norma ("intervencionismo suicida") ante el Tribunal Constitucional. El mismo camino parece llevar el recargo al IBI, que ya ha descartado que vaya a gravar el impuesto.
Dónde bajarán los precios
Se considerará zona tensionada, según ha concretado este miércoles la ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Onda Cero, aquella en la que se han producido unos incrementos determinados de precios durante los últimos años y en las que el esfuerzo del inquilino para alquilar supere unos porcentajes concretos.
Cuándo entrará en vigor
El paso de gigante dado ayer por el Gobierno no implica inmediatez en la aplicación de la norma. De hecho, el plazo que maneja el Ejecutivo establece año y medio de margen para la adaptación.
En concreto, según ha desvelado el Sindicato de Inquilinos de Madrid, los grandes tenedores podrán realizar nuevos contratos sin atenerse a los límites del alquiler en los 18 meses posteriores a la aprobación de la ley.
Régimen sancionador
El borrador de la ley no incluye sanciones para el incumplimiento del control de precios a pesar de que desde Podemos insistían en este punto. De hecho, la formación morada presionó la semana pasada registrando en el Congreso de los Diputados una ley de vivienda paralela (elaborada por organizaciones sociales y sindicatos) que incluía multas de hasta 900.000 euros por subir los precios del alquiler en zonas tensionadas.
