
La crisis de la vivienda ha situado a este sector en el centro del debate político y han convertido el desarrollo de nuevas viviendas sociales en una de las grandes promesas de las administraciones de todo signo político.
La Generalitat Valenciana en manos del PP que ha lanzado un plan que pretende crear 10.000 viviendas protegidas en suelo público, sin embargo también afronta el problema de la 'okupación' en las viviendas para fines sociales que son de su titularidad
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, cuantificó en alrededor de 1.800 las viviendas que gestiona la Generalitat Valenciana y que están ocupadas ilegalmente. "Estamos en la misma situación que cualquier particular o empresa a la hora de poder recuperar esas viviendas", aseguró el responsable de Vivienda el pasado jueves en una jornada del sector inmobiliario organizada por Aliseda en Valencia.
"Mafias organizadas"
Fernández recordó que la Administración valenciana posee una cartera total de 15.000 viviendas públicas, con lo que más del 10% se encuentran en esta situación. Un fenómeno en que considero que "en muchas ocasiones" se debe a "organizaciones o mafias organizadas" que están impidiendo "que podamos poner esas viviendas a disposición de las personas que están inscritas pacientemente en un registro" porque cumplen los requisitos para tener una vivienda social.
El secretario autonómico responsabilizó al Gobierno central de este problema. Según sus palabras, "las decisiones y las normas que reviertan esta situación son, sin duda, competencia de Gobierno de España" e insistió en que el PP ha presentado iniciativas legislativas que no han contado con el apoyo socialista.
La Generalitat aprobó hace unos meses una modificación de la normativa de la vivienda protegida por el que aumentó el precio de los módulos ante el parón por la falta de rentabilidad. Según Fernández, esa medida ya ha provocado que "en un mes el número de solicitudes de calificaciones haya sido muy importante" y prevea su reactivación.
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