La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este lunes que la nueva empresa pública de vivienda y suelo arrancará su actividad con la promoción de 438 viviendas en Valencia, en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros, que serán 100% asequibles.
Este será el primer proyecto de esta nueva entidad, que parte de la reconversión de Sepes, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio, a la que "hemos dotado de más capacidades y que asumirá más competencias para participar en todo el proceso de desarrollo de vivienda social, de principio a fin, desde la disposición y urbanización de los suelos, la edificación, movilización o compra de las viviendas, hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles", ha explicado Rodríguez durante la apertura del foro "Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar", que clausurará el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El objetivo de esta nueva empresa estatal es que sea un "catalizador de la inversión en vivienda asequible en colaboración con todo los actores del sector, tanto públicos como privados, encargándose de todo el ciclo residencial, desde el suelo, hasta la promoción, construcción, entrega de llaves y posterior gestión de las viviendas", concreta la ministra de Vivienda.
Blindar la vivienda social de forma permanente
"La vivienda es una prioridad absoluta para el Gobierno y haremos uso de todos los instrumentos a nuestro alcance, como la creación de esta nueva empresa estatal, que supondrá un cambio de paradigma que marcan un antes y un después en la política de vivienda de España".
Rodríguez ha calificado de "pecado capital", la "descalificación de 2,7 millones de viviendas protegidas durante la democracia en España". Por eso, uno de los objetivos de este Gobierno será el de "proteger la VPO y evitar que sean vendidas". "Vamos a blindar la oferta permanente de vivienda pública y asequible en España frente a la privatización, para que no solo aloje a las generaciones presentas, también a las futuras. Con la empresa pública de Vivienda vamos a dar un salto cualitativo y también cuantitativo evitando que la vivienda siga siendo un problema ciclico", asegura Rodríguez.
"La barra libre no funciona"
La ministra de Vivienda apuesta por la regulación del sector "para garantizar la protección social". Así, destaca que "sin duda si hay algo constatado y que ha fracasado es la barra libre de viviendas y la desregulación. Esto no funciona y lo vimos en 2005 cuando se visaron en España 570.000 unidades. Mas oferta sin control nos llevaría a una burbuja inmobiliaria como la de la época del boom, algo que ha dejado muchas cicatrices en España. La barra libre no funciona", destaca
"Hay que hacer más vivienda, si, pero garantizando que esta sea asequible", concreta Rodríguez, que insta al resto de Ayuntamientos y regiones a que "usen los instrumentos que permitirían una bajada inmediata d ellos precios", como "ha sucedido en Cataluña".
En este sentido, apunta que gracias al control de precios que se incluye en la ley de vivienda, en el tercer trimestre de 2024 el precio del alquiler descendió un 5% en Cataluña, siendo esta "la mayor caída trimestral desde 2005, rompiendo además una tendencia alcista de 11 trimestres. Por el contrario, en Madrid, en el mismo periodo los precios han subido un 7%", destaca Rodríguez.
Medidas para frenar la escalada de precios
Rodríguez ha desgranado las medidas en materia de regulación para "combatir la especulación" como la derogación de las conocidas como Golden Visa inmobiliarias, o dar poder a las comunidades de vecinos para limitar la proliferación de pisos turísticos e iniciar la creación de un registro único para combatir los apartamentos de temporada fraudulentos.
En este sentido apuntó que en Madrid "solo con la prohibición de los alojamientos turísticos ilegales y su reutilización para vivienda permanente, estaríamos atendiendo a más de 30.000 personas a la ciudad".
En un contexto de tensión de los precios que dificulta el acceso de los ciudadanos al mercado residencial, la ministra considera que "es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos dentro de la ley de vivienda, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario ". Esto supondría "un alivio para los inquilinos mientras se construye el parque de vivienda público", argumenta.
