Valencia
Giro en los planes de crear nueva vivienda de alquiler social de la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá. La única empresa que se había presentado al concurso para la cesión de suelo municipal en el que edificar viviendas de alquiler social y que había sido adjudicataria, Nuevas Tecnologías de Financiación, renuncia tras las guerra política desatada por la oposición del PSPV en el Ayuntamiento.
La empresa ha comunicado al Ayuntamiento de Valencia que se retira de la licitación para la construcción de 227 viviendas de alquiler social en la ciudad. En su escrito explica que la causa de esta renuncia se halla en "las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia".
Según su versión, la polémica y el "ruido mediático" generado han hecho que se retiren del proyecto los inversores y, por tanto, "el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto por el que licitamos no han podido conseguirse."
Según explica, la propuesta presentada por Nuevas Tecnología de Financiación al Ayuntamiento de Valencia estaba vinculada a un "proceso de negociación de la financiación ajena complementaria que se deberá justificar previamente, en su caso, a la adjudicación y firma del contrato, quedando la propuesta sujeta a este aseguramiento."
Un apoyo financiero, previamente apalabrado, que según la empresa se ha frustrado a causa de las manifestaciones públicas del portavoz del grupo municipal socialista, la compañía y su administrador se reservan "cuantas acciones civiles y penales, y muy especialmente de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y de protección del derecho al honor, nos correspondan."
En su escrito, la empresa adjudicataria lamenta "con profunda decepción" verse obligada a retirarse de la licitación "a pesar de haber puesto toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos, lo que ha sido impedido por la maledicencia gratuita."
La polémica
La compañía Nuevas Tecnologías de Financiación rechaza las declaraciones del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, tildándolas de "difamación vertida por un político que primero ha manifestado públicamente sospechas y, después, sin mayor motivo, las ha convertido en certezas, buscando una repercusión al servicio de sus propósitos políticos personales aun con perjuicio del bien público."
Según la firma, el administrador de la empresa, Javier Timoner, no ha ocupado ningún cargo directivo en ninguna empresa condenada por financiación irregular y no existe ningún motivo que impida a su empresa optar a contrataciones de la administración pública. Además, la empresa asegura que la rentabilidad económica de estos proyectos de vivienda social supone en torno al 4% de la inversión, un margen muy limitado que explica la baja concurrencia de empresas que optan a licitaciones de este tipo.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, criticó la adjudicación y apuntó que la compañía está vinculada al marido de una diputada nacional del PP, Alma Alfonso, quien también ostenta un cargo en la junta directiva y el comité ejecutivo de los populares en la ciudad de Valencia.
Sanjuan también anunció que su grupo llevaría al Síndic de Greuges y a la Agencia Antifraude lo que consideraba "un pelotazo urbanístico de 155 millones".
El Ayuntamiento asumirá la gestión directa
Aunque la compañía advertía que este proyecto de vivienda social quedaría ahora paralizado," en un momento de emergencia habitacional en la ciudad de Valencia y de escasez de vivienda social", la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento asumirá la gestión directa de la construcción de las 227 viviendas de alquiler social en los cuatro solares municipales ubicados en Nou Moles y Faitanar, que estaban pendientes de adjudicación a través de un procedimiento de derechos de superficie.
Para Catalá, es una "mala noticia" que la oposición en el consistorio se dedique a "boicotear proyectos de construcción de viviendas públicas". "No se conformaron en hacer solo 14 viviendas protegidas en los ocho de gobierno, con el balance más penoso de la historia de esta ciudad, sino que ahora se dedican a boicotear proyectos de viviendas protegidas", ha criticado.
Satisfacción socialista
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha mostrado su "satisfacción" porque la denuncia del PSPV "haya frustrado el pelotazo urbanístico de 155 millones que el gobierno del PP había adjudicado a Javier Timoner, marido de una diputada del PP en la ciudad e íntima amiga de María José Catalá".
Sanjuan ha propuesto en un comunicado que, una vez "fracasada" la operación, que el PSPV había amenazado con llevar al síndic de Greuges y a Antifraude, sea la empresa pública Aumsa la que desarrolle directamente el suelo municipal y construya las viviendas públicas. A su juicio, la decisión de la empresa muestra que esta adjudicación "era indefendible y que no podían justificarla sin que fuera obvio lo que estaba ocurriendo".