Barcelona
Si la crisis financiera de 2008 alumbró la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los actuales problemas de acceso a la vivienda han aupado al Sindicat de Llogateres, una entidad nacida en 2017 que lleva meses copando titulares y que, en los últimos días, ha saltado a la palestra por su polémica actuación en el desahucio de la Casa Orsola de Barcelona. La organización reclama bajadas de hasta el 50% de los alquileres, un control férreo del arrendamiento de temporada y el mantenimiento del tope de rentas. Un paquete de medidas para perseguir a los "rentistas" que "especulan" con la vivienda, en palabras de la entidad.
El autodenominado "sindicato", que comparte sede en Barcelona con la constelación de grupos afines a Barcelona en Comú financiados por el ayuntamiento socialista, sigue una estrategia de acción directa que incluye escraches, señalamientos y otras medidas de presión para forzar la renegociación colectiva de rentas o impedir la ejecución de desahucios. Se trata de una estrategia calcada a la que hizo conocida a la PAH, que fue una de las impulsoras del sindicato.
Es lo que ha sucedido en la Casa Orsola. Una movilización convocada por el Sindicat de Llogateres impidió que la comitiva judicial llevase a cabo el pasado lunes el lanzamiento de un inquilino. Anteriormente, el sedicente sindicato había puesto en la diana al dueño del fondo que había adquirido la finca ubicada en el Eixample barcelonés, revelando su nombre y su rostro. A raíz de este hostigamiento, el propietario comunicó hace unos días que plantea vender el inmueble para ahorrarse nuevos problemas con los activistas.
Otra de las acciones de desobediencia impulsadas por la entidad son las llamadas huelgas de alquiler. Esto es, dejar de pagar las mensualidades. Ya se han convocado las primeras en unos bloques del Vendrell y Salou, gestionados por InmoCriteria. Enric Aragonès, otro de los rostros visibles del Sindicat de Llogateres, avanzó que prevén nuevas rondas de paros en marzo, concretamente en una promoción de Sentmenat, y que más adelante se proyectan actuaciones similares en Banyoles, Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Contra el alquiler de temporada...
Pero, ¿qué reivindica el Sindicat de Llogateres? La líder de la entidad, Carme Arcarazo, propugna un mayor intervencionismo sobre el mercado inmobiliario. En septiembre de 2021, la plataforma, junto a más de 150 entidades, presentó una proposición de ley de garantía de derecho a la vivienda digna y adecuada, embrión de la ley de vivienda aprobada posteriormente por el Gobierno.
En una reciente entrevista, Arcarazo argumentó que "necesitamos leyes que vayan a saco contra los pisos vacíos, turísticos o de temporada, que crecen por una legislación que lo propicia". De hecho, los arrendamientos de temporada son la bestia negra de la organización. De ahí que haya celebrado públicamente la aprobación de un régimen sancionador de la ley de vivienda por parte de la Generalitat de Cataluña.
Este instrumento prevé multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada para esquivar el tope de rentas vigente en decenas de municipios catalanes. Por contra, el Sindicat de Llogateres se tomó mal que Junts se desmarcase de la proposición de ley sobre el alquiler temporadal en el Congreso y llegó a convocar una protesta frente a su sede en la Ciudad Condal.
... y a favor del tope de rentas
La plataforma se ha pronunciado decididamente a favor del control de precios. En su página web, sostiene que "no se puede afirmar que haya una caída generalizada de la oferta". "Pese al descenso de nuevos contratos, no hay pruebas concluyentes de que la oferta global se esté reduciendo y, en cambio, sí que puede haber tendencias que ya se observaban en los últimos años, antes de la entrada en vigor de la regulación", argumenta la entidad en un estudio publicado el pasado octubre.
Este análisis contradice otros posicionamientos que en fecha tan temprana como abril de 2024 ya detectaron un efecto negativo sobre el stock de alquiler en Barcelona. Según Idealista, Barcelona ha perdido en los últimos cinco años hasta un 75% de las unidades disponibles en el mercado de alquiler de larga duración. En el conjunto de España, la oferta se ha comprimido un 33% en el mismo periodo.
En una manifestación celebrada el pasado noviembre, la organización llegó a pedir una bajada de hasta el 50% de los precios del alquiler. Además, sostuvo que hay 400.000 pisos vacíos en Cataluña que podrían movilizarse para garantizar el acceso a la vivienda. Se trata, por cierto, de la misma propuesta que formuló la CUP con un plan que pretendía alimentar el parque público con las viviendas no ocupadas.