
Aunque el socialista Jaume Collboni alcanzó la alcaldía de Barcelona en junio de 2023, el ayuntamiento de la capital catalana ha seguido financiando la tupida red de entidades afines a Ada Colau. Todas ellas tienen un denominador común: su sede social se halla en el número 43 de la calle Casp. Esta constelación de cooperativas y plataformas dedicadas a la autodenominada economía social y solidaria nutrió de altos cargos a los comunes durante el gobierno de la anterior alcaldesa. Durante el año y medio de mandato de Collboni, estos colectivos han recibido subvenciones por un total de 494.453 euros, según cifras recopiladas por el PP de Barcelona consultadas por elEconomista.es.
Las entidades más beneficiadas han sido el Observatori de Drets Humans (DESC) y Espai Ambiental, que han recibido 175.218 euros y 137.139,39 euros, respectivamente. Mientras que la primera se define como un "centro para la defensa de los derechos humanos que concentra sus esfuerzos en desmontar la percepción devaluada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación, al ambiente sano)", la segunda trabaja para "conseguir comunidades regenerativas donde la justicia, la ecología y todas las vidas estén en el centro".
El consistorio gobernado por el PSC también ha agraciado a Opcions de Consum Responsable (84.145 euros), Nusos (31.910 euros), Ecos (22.999,28 euros), Sostre Cívic (20.654,25 euros), Etcèteres (ETCS) (7.000 euros), LabCoop (5.600 euros), Diomcoop (5.562,05 euros) e I-Labso (4.225 euros). Si se amplía el foco a entidades próximas a Barcelona en Comú aunque no estén residenciadas actualmente en Casp, 43, la lluvia de dinero público también es copiosa. En esta categoría se encuentran grupos como Irídia, receptora de 126.200 euros, y Enginyeria Sense Fronteres (193.800 euros).
Irregularidades
En declaraciones a este medio, el líder de los populares en Barcelona, Daniel Sirera, recuerda que el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones indica que las subvenciones directas pueden concederse, con carácter excepcional, "cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". "Constatamos que este criterio no se cumple siempre con las subvenciones que se otorgan a las entidades de la calle Casp, 43. La mayoría de subvenciones responden a criterios políticos e ideológicos", denuncia el dirigente.
Asimismo, algunas de las iniciativas financiadas "se pueden cuestionar porque el proyecto a desarrollar responde al interés propio de la entidad o bien no se corresponde con el ámbito municipal". Sirera cita ejemplos como el proyecto de "consolidación y escalabilidad de la cooperativa I-Labso", que captó 4.225 euros; la "auto-auditoría digital del consumo consciente" de Opcions de Consum Responsable (16.000 euros), y la creación de la "Red CUCS. Comunidades urbanas de consumo sostenible" (16.000 euros). Uno de los casos más graves, según el concejal del PP, es la "fiesta" del Observatori DESC por su 25 aniversario, por la cual esta plataforma percibió 1.318 euros.
Por todo ello, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona exige a Collboni que "rompa definitivamente con la era de Colau y deje de subvencionar a todas estas asociaciones que no hacen nada a favor de los barceloneses, y que estos recursos se destinen a entidades del tercer sector que sí trabajan para el bienestar de las personas que peor lo pasan en nuestra ciudad".
Pese a que Collboni haya mantenido la financiación al entramado de Casp, las relaciones PSC-BComú no pasan por su mejor momento. Recientemente, los socialistas dieron por terminadas las negociaciones con su socio de investidura sobre los presupuestos municipales de 2025, lo cual obligará al gobierno local a prorrogar las cuentas públicas.