Malestar en Marbella ante el nuevo impuesto para extranjeros: "No soluciona el problema de acceso a la vivienda"

Como un nuevo jarro de agua fría. Así ha sentado en la Costa del Sol el anuncio del Gobierno Central del nuevo paquete de medidas en materia de vivienda que contempla, entre otras acciones, la intención de imponer un nuevo impuesto a la compra de inmuebles por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y es que el sector inmobiliario, especialmente el del segmento de lujo, se ha convertido en la principal industria de esta zona de la provincia de Málaga en la que se enmarca Marbella, uno de los principales destinos residenciales del mundo.

La medida, justificada como un intento de aliviar la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país y que también afecta a esta zona del litoral malagueño, ha sido calificada por Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties y miembro de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad DOM3, como "escasamente relevante".

Un sector en crecimiento

"No resolverá el problema del acceso a la vivienda y además, podría afectar negativamente a la imagen de España como destino residencial", asegura Nieto. El sector de lujo teme que este tipo de decisiones ahuyente a los inversores internacionales y genere incertidumbre en un mercado que el año pasado creció un 20% con un volumen total de inversiones que superaba los 3.200 millones de euros en el triángulo de oro (Marbella, Estepona y Benahavís).

Según datos recientes, en 2024 los extranjeros extracomunitarios adquirieron aproximadamente 27.000 propiedades en España, con un notable porcentaje concentrado en las costas de Málaga y Alicante. "Estas adquisiciones, por lo general, corresponden a propiedades con precios muy superiores a la media, lo que deja claro que no compiten con las viviendas destinadas a la población local que está experimentando dificultades para acceder a un hogar", explica Nieto.

El mercado residencial de lujo, centrado en villas exclusivas y apartamentos en ubicaciones privilegiadas, ha atraído históricamente a compradores de países como Reino Unido, Alemania, Francia y países nórdicos y en los últimos años están creciendo otros mercados como EEUU, Emiratos Árabes y países del este de Europa como Polonia. Para 2025, se espera que las transacciones en este segmento crezcan alrededor de un 15%, impulsadas por una creciente demanda internacional y los grandes proyectos en desarrollo.

El CEO de Pure Living Properties, agencia inmobiliaria de lujo de referencia en Marbella, también destaca que, para abordar la crisis de la vivienda, son necesarias medidas estructurales en lugar de gravar a los inversores extranjeros. "Este sector entiende que si las familias trabajadoras no tienen acceso a una vivienda digna, todo el tejido social y económico se ve afectado. Resolver este problema es vital, y las soluciones deben pasar por medidas estructurales, no por gravar inversiones extranjeras que no son la causa del problema".

Reacciones internacionales

El impacto de este anuncio no se ha limitado al ámbito nacional. La noticia se ha convertido en una de las más leídas en medios como el Financial Times, una de las principales cabeceras de Reino Unido, el mayor mercado del sector de la vivienda de alta calidad en la Costa del Sol que se vería afectado por esta medida.

"España es conocida por ser un destino acogedor y seguro para quienes buscan residencias de calidad. Implantar impuestos que parecen estar dirigidos a disuadir a compradores extranjeros daña nuestra reputación y genera incertidumbre en un sector que, históricamente, ha contribuido significativamente a la economía del país", apunta Nieto.

Una postura compartida por la mayoría de empresarios del sector es la de tender la mano a la hora de tratar de encontrar una solución realmente efectiva al problema de acceso a la vivienda, que no pase el incremento de políticas impositivas. "Estamos abiertos a aportar nuestra experiencia y ayudar a encontrar soluciones reales, porque un mercado inmobiliario saludable es beneficioso para todos, desde las familias locales, hasta los grandes inversores o los extranjeros que deciden invertir en una segunda residencia, contribuyendo al crecimiento económico de la Costa del Sol", comenta el miembro de DOM3.

La supresión de la Golden Visa

La intención del Gobierno de incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los extranjeros extracomunitarios al comprar una casa se suma a la inminente supresión de las Golden Visa, que dejarán de concederse en abril. Estos visados dorados permiten a los extranjeros de fuera de la UE conseguir el permiso de residencia temporal si realizan una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósitos.

Desde que el Gobierno anunció la supresión de estos visados dorados en abril de 2023, los inversores internacionales han solicitado y recibido 573 permisos. La cifra se amplía a 780 entre los meses de enero y octubre. En cuanto al origen de los inversores, proceden de más de 40 países, entre los que figuran China, Venezuela, Argentina, Reino Unido, Ucrania, Serbia, Turquía, Argelia, Mauritania, Siria o Irán.

"La supresión de esta medida no va a solucionar los problemas en el acceso a la vivienda que están sufriendo zonas tensionadas como la Costa del Sol y Málaga capital y con los que en DOM3 estamos muy concienciados. Es ahí donde deben centrarse los esfuerzos del Gobierno Central, en garantizar la vivienda digna y a precios asequibles para la población y no en castigar a un sector que genera empleo de calidad y riqueza en una zona que hasta hace muy poco dependía exclusivamente del turismo de sol y playa", comentaba tras el primer anuncio Charly Simon, presidente de DOM3.

Estas medidas también están recibiendo críticas desde el ámbito académico, donde de igual modo consideran que deberían ir más encaminadas a facilitar el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos que encuentran dificultades para ello. En este sentido, Javier Cuervo, docente de innovación sobre la vivienda de UNIE Universidad ha recordado que en 2021, "el presidente prometió construir 184.000 viviendas públicas para ampliar el parque de vivienda social que no se han construido. Este incumplimiento muestra una gran diferencia entre intención y acción, dejando a miles de familias sin soluciones."

Según sus palabras "Gran parte de las medidas del Gobierno se orientan hacia una mayor intervención del mercado. En Cataluña, por ejemplo, se han establecido límites al precio del alquiler y se han dado mayores garantías a los inquilinos. Desde 2023, la oferta de viviendas en alquiler en Cataluña ha caído un 20% y los precios han aumentado, lo que contradice el objetivo de la ley y dificulta el acceso a la vivienda."