Pedro Sánchez anunció una batería de medidas para luchar contra la crisis de la vivienda en España. Uno de los problemas de este plan es que carece de iniciativas de calado capaces de impulsar la puesta en el mercado de un volumen de pisos suficiente para satisfacer la demanda.
Es cierto que se fomentará la rehabilitación de viviendas y que se aplicarán exenciones fiscales para los propietarios que alquilen sus inmuebles bajo el Índice de Referencia de Precios. Iniciativa, esta última, con la que el Gobierno burla el bloqueo de las autonomías a implantar la Ley de Vivienda, pero que obligará a los caseros a bajar un 5% el precio de las rentas para acceder a la subvención. Está así por verse a cuántos propietarios les compensará la medida.
Pero lo que es seguro es que muchos mantendrán sus pisos fuera del mercado ante la falta de seguridad jurídica, ya que el Ejecutivo sigue sin hacer nada para frenar la okupación. Asimismo, el impacto de la empresa pública de vivienda será limitado en un contexto en el que los desarrollos inmobiliarios tardan décadas en ser realidad. Ello debido a unas trabas administrativas a las que no se pone coto con medidas como las licencias expres para la construcción de pisos.
El otro gran problema del plan del Ejecutivo es que incluye medidas que golpearán la inversión inmobiliaria. Subir la carga fiscal al 100% del valor del inmueble para dificultar la compra de casas de extranjeros no comunitarios lanza un mensaje de intervencionismo que expulsará a los inversores. Idéntico resultado tendrá el cambio de régimen de ventajas fiscales de las socimis para que solo se apliquen a las viviendas de alquiler asequible. Se trata en definitiva de una batería de medidas que no resuelven el problema de vivienda, la falta de oferta, y que además, ahuyentará la inversión.
