Vivienda - Inmobiliario

Sareb pierde 2.198 millones y admite que no podrá pagar parte de su deuda ni vender todos los activos en 2027

Sede Sareb, Madrid

Sareb, la sociedad pública creada en 2012 para gestionar y vender los activos tóxicos heredados de la crisis financiera, cerró 2023 con unas pérdidas netas de 2.198 millones de euros, lo que supone un 46% más respecto al año anterior. El llamado 'banco malo' justifica estos números rojos por la diferencia entre el valor contable de los activos (precio al que se traspasaron) y su precio real de venta en el mercado, así como al aumento de gastos financieros, que se elevaron a 861 millones de euros. Desde la compañía dan por hecho que no van a poder pagar parte de la deuda ni liquidar su cartera de inmuebles en 2027, fecha en la cual termina su mandato.

Actualmente, la deuda con el Estado asciende a 29.413 millones. "Hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar", admitía Leopoldo Puig, consejero delegado de Sareb en la presentación de resultados de la compañía. "En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones; eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas", remarcaba al respecto. Puig recordó que trabajan para liquidar la cartera en 2027, "pero no sé si nos va a dar tiempo. Nuestro objetivo es vender lo máximo posible", añadía.

Sareb vendió 26.262 activos inmobiliarios y 3.429 activos financieros el pasado ejercicio, lo que supone una cifra récord de desinversiones. En cuanto al primer grupo, comercializó 16.754 activos residenciales, de los cuales 10.500 fueron viviendas con un precio medio de 90.000 millones de euros. Cerca del 90% de las casas fueron adquiridas por personas físicas y el resto por Administraciones públicas o personas jurídicas. En cuanto al plan de vivienda social puesto en marcha por el Gobierno a través de la Sareb, los ayuntamientos y CCAA sólo compraron 350 casas. Por su parte, la venta de activos terciarios creció un 16% y las ventas de suelo crecieron un 1%.

Asimismo, desde que se constituyó la sociedad, la cartera total de activos se ha reducido en un 54,5%, pasando de los 50.781 millones iniciales a 23.104 millones a cierre de 2023. Actualmente, el 62% de la cartera está constituido por inmuebles y el resto -un 38%-, por préstamos al promotor con garantías inmobiliarias.

Los ingresos de Sareb participada en su mayoría por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) crecieron un 16%, hasta situarse en 2.748 millones de euros, gracias al récord en la venta de activos, con más de 36.000 unidades vendidas. Entrando al detalle, la gran mayoría de esos ingresos, unos 2.120 millones de euros, proceden de la venta de inmuebles. Esta cifra se impulsó un 28% respecto a los datos de 2022.

Por su parte, los ingresos procedentes de activos financieros, principalmente la comercialización de préstamos impagados de promotores, generaron 612 millones de euros, un 10% menos que el año anterior. Este descenso se explica porque este tipo de activos cada vez tienen menos peso en el balance de la sociedad.

Venta de Árqura

El otro gran segmento de Sareb es la promoción de vivienda libre a través de Árqura Homes, que ha llegado a convertirse en una de las "promotoras más importantes del país", según destacó Puig. Actualmente, el 'banco malo' está estudiando la venta de una participación mayoritaria de la compañía en una operación en la que se están "terminando de fijar las condiciones".

La promotora duplicó en el año 2023 las viviendas entregadas, con 1.620, y obtuvo unos ingresos por ellas de 394 millones de euros, un 85% más. Además, ha obtenido 63 millones de euros mediante la promoción propia de viviendas.

Proyecto Viena

En cuanto al Proyecto Viena con el que Sareb espera licitar 3.500 viviendas para que se construyan viviendas destinadas al alquiler asequible, la operación está pendiente de la conversación entre los ministerio de Economía y Vivienda.

La compañía admitió que existe "interés" por parte de los actores privados, cuya inversión en esta primera fase ascendería a 400 millones de euros en 43 proyectos distribuidos en 19 provincias de 10 comunidades autónomas, especialmente la costa mediterránea. En todos los casos, se trata de suelos finalistas.

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