Las promotoras serán las encargadas de construir más de la mitad de las 20.000 viviendas de alquiler social que va a impulsar el Gobierno a través de los fondos Next Generation.
Concretamente, se destinarán 1.000 millones de euros para levantar estos pisos en suelos de titularidad pública que deberán estar listos antes de junio de 2026.
Según han confirmado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a elEconomista.es, ya se han cerrado todos los acuerdos con las distintas administraciones regionales y municipales para la asignación de los fondos y la selección de los suelos en los que se van a construir los 20.000 pisos.
Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana acaparan el 58,3% de las ayudas, con un total de 583 millones de euros para inyectar en estos mercados 11.673 viviendas de alquiler social en los próximos dos años y medio.
España cuenta actualmente con uno de los ratios más bajos de vivienda social en Europa. Así, las últimas cifras oficiales apuntan a 290.000 unidades. Este monto apenas representa el 2,5% del parque residencial español mientras que la media de la Unión Europea está en el 9,3%. Si nos comparamos con Reino Unido la diferencia es abismal, ya que en este caso el porcentaje es del 30%. Por detrás le siguen Austria y Dinamarca, con el 24% y el 20%, respectivamente.
A través de programas como este, en el que la colaboración público-privada será clave, el Gobierno se ha propuesto aumentar de forma notable el parque de vivienda social en alquiler con planes que suman 183.000 viviendas de titularidad pública que se destinarán al arrendamiento.
En este monto se incluyen los 50.000 pisos de Sareb, las 20.000 viviendas que se levantarán en suelos del Ministerio de Defensa, los casi 16.000 pisos en suelos de Sepes o las 43.000 viviendas que se esperan levantar con financiación del ICO, entre otros programas.
Ayudas para construir los pisos
Las 20.000 que se incluyen dentro de las ayudas del Plan de Recuperación para Europa tienen ya las bases para arrancar, por lo que a lo largo de los próximos meses deberán lanzarse los concursos para la constitución de concesiones demaniales, derechos de superficie o negocios análogos en cada región o municipio para llevar a cabo estas promociones residenciales por parte de las empresas privadas.
Los promotores que quieran optar a este programa podrán obtener una ayuda proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda.
La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar los 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder el coste de las actuaciones subvencionables. La inversión total de la actuación puede ser superior, pero el importe de la subvención no podrá superar estos límites.
Las ayudas se conceden tanto para el desarrollo de nuevos proyectos en suelos públicos como para la rehabilitación de edificios no destinados actualmente al uso de vivienda.
Todos los pisos resultantes, tanto los que construyan las propias administraciones como los promotores privados en modalidad de cesión en uso, deberán destinarse al alquiler durante un plazo mínimo de 50 años.
Según explica el Ministerio de Vivienda a este medio, en el caso de los derechos de superficie en algunas de las licitaciones se supera ese número de años. "Una vez que se llega a final del plazo las viviendas pasan a ser propiedad de la administración propietaria del suelo, que lo normal es que las siga explotando en alquiler", indican.
Requisitos del plan
Los 1.000 millones de este programa de construcción de viviendas en alquiler social se engloban dentro de la partida de 6.820 millones de euros que se destinarán a rehabilitación y regeneración urbana dentro de los fondos Next Generation, por lo que las viviendas tendrán que levantarse en edificios energéticamente eficientes.
De este modo, los edificios deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a una serie de valores límite en función de la zona climática. Esto implica que el consumo de energía primaria es, al menos, un 20% inferior al exigido para los edificios de consumo de energía casi nulo en la normativa española.
Las nuevas viviendas, que recibirán financiación de los fondos europeos, tanto las gestionadas desde la administración como por parte de las empresas privadas, tendrán una limitación en el precio del alquiler. Además, solo podrán ser alquiladas para domicilio habitual y permanente, priorizando siempre el criterio social.
Según aparece en la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en líneas generales, para optar a un alquiler social en el marco de este programa, los beneficiarios han de cumplir con criterios de carácter social: nivel de ingresos, edad, situación y composición de la unidad familiar, etc.