
Sareb avanza en la venta de viviendas a las distintas administraciones públicas para alquiler social. La última operación se ha cerrado con la Generalitat de Catalunya, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), por la que el Gobierno catalán ha adquirido 137 viviendas que se podrán destinar a alquiler social.
El importe total de la operación alcanza los 9,6 millones de euros y las viviendas se encuentran repartidas en varios municipios. Entre ellos, destaca Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde Incasòl ha adquirido 98 viviendas, 7 locales, 169 plazas de garaje y 141 trasteros que forman parte de una promoción que quedó inacabada en 2007 con un grado de ejecución aproximado del 82%.
Para poder habilitar esas viviendas y destinarlas a alquiler social, el nuevo propietario rehabilitará la promoción. Para ello, tendrá que adaptar las distribuciones interiores a la normativa actual, finalizar los espacios comunes y poner en marcha todas las instalaciones particulares y comunitarias.
Una vez estén adecuadas las viviendas, será la Agencia de la Vivienda de Cataluña quien gestionará su adjudicación a las familias inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial bajo los criterios de acceso que establezca con el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú.
El resto de las viviendas que se han incluido en este acuerdo de venta se encuentran ubicadas en las localidades de la provincia de Tarragona, Valls (con dos promociones que suman en conjunto 20 viviendas) y Constantí (19).
A lo largo de 2023, Sareb ha vendido a Incasòl un total de 146 viviendas y 471 activos si se suman a ellas, suelos, locales y anejos (trasteros y garajes) ubicados en distintos municipios.
Además, Incasòl está valorando y gestionando la futura adquisición de 9 promociones más de Sareb con un total de cerca de 200 viviendas, dentro del marco de colaboración abierto entre ambas organizaciones.
Estas desinversiones forman parte de la nueva estrategia de Sareb para la vivienda social, contexto en el que ha decidido tomar una posición más proactiva en la gestión de las viviendas okupadas.