El pacto entre PSOE y Sumar sitúa a la vivienda como uno de los principales ámbitos de actuación de lo que podría ser el nuevo Gobierno de coalición. El acuerdo programático incluye más de una docena de medidas de dicha materia, como elevar hasta el 20% el parque público de vivienda, regular los alojamientos turísticos en zonas tensionadas o aprobar "con carácter inmediato" el índice para regular los alquileres.
La primera propuesta formó parte de las promesas electorales de ambas formaciones para las elecciones autonómicas de mayo, aunque con variantes. Ahora, ambas partidos se han comprometido a aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una "decidida y ambiciosa" política de inversión pública a medio y largo plazo. Esta medida, dicen, "pondrá a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda".
El parque público se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb.
Otro de los puntos clave pasa por desarrollar las medidas contempladas en la ley de vivienda para contener los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres. En concreto, se definirá con "carácter inmediato" el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.
Además, PSOE y Sumar también van a revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. Se trata de una medida que Unidas Podemos quiso incluir en la actual ley de vivienda, pero que finalmente se quedó fuera.
En materia de ayudas y subvenciones, se pondrá en marcha un programa nacional para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. Además, se reafirman en el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas rehabilitadas u se priorizará a aquellas familias con hijos e hijas a cargo con menos ingresos. A ello hay que sumar que se impulsará la rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.
Los planes de PSOE y Sumar también pasan por aprobar un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.
Avales e hipotecas
El acuerdo programático también contempla ampliar hasta la renta media (37.800 euros) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de un año. También habrá mejoras para los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
El objetivo, dice el documento rubricado por PSOE y Sumar, es hacer un mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades.
Asimismo, el texto contempla el desarrollo y aplicación de una la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) -anunciada a finales de julio- de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.
También quieren consolidar el Bono Alquiler Joven como elemento "esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible, y que se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación, para llegar a toda la población joven.
Desahucios y lanzamientos
En materia de desahucios y lanzamientos, ambas formaciones se comprometen a impulsar actuaciones para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan una alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.
El texto también explica que se creará un registro de viviendas vacías a partir de la definición e información publicada por el INE en el Censo de Población y Vivienda 2021, y en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible.
