Fondviso. Así se llama el fondo de inversión impulsado por el grupo financiero independiente Solventis y destinado a promover vivienda de alquiler asequible a través de la colaboración público-privada. El objetivo es captar hasta 650 millones de euros para levantar 12.000 viviendas en los próximos diez años. Está dirigido a inversores institucionales (con un mínimo de suscripción de un millón de euros) y ofrecerá una rentabilidad anual neta superior al 7%.
"Es un modelo pionero en España. Permite a las administraciones obtener cinco veces más viviendas para la oferta pública del mercado de alquiler que con el modelo actual", explica Toni Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis, que asegura que el precio de la vivienda de alquiler podrá reducirse hasta un 30% gracias al nuevo fondo.
Pero, ¿cómo funciona? La administración no realiza ninguna inversión, sino que gestiona el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión. La administración solo asume los costes y riesgos de gestión con los inquilinos. "Es una fórmula eficaz para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, sin impactar en deuda pública ni en recursos públicos", explican desde la firma. Después del periodo de uso, la infraestructura pasará a ser de titularidad pública.
En cuanto a los inversores (titulares de la infraestructura), invierten en la construcción de las viviendas, obtienen el derecho a la propiedad y ceden el derecho de uso al operador. "Asumirán únicamente el riesgo de edificación de los inmuebles", señala Toni Bosch.
La hoja de ruta del nuevo fondo contempla captar hasta 200 millones de euros antes del primer trimestre de 2024 e iniciar las operaciones en el primer semestre el mismo año. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de captación de fondos.
Las viviendas se levantarán por toda la geografía española, aunque el grueso se concentrará en seis territorios: Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las viviendas estarán orientadas a hogares con ingresos mínimos de entre 28.000 y 45.000 euros.
