El Gobierno va a movilizar una nueva línea de préstamos ICO de 4.000 millones de euros para que los promotores públicos o privados levanten viviendas de alquiler social.
Así lo ha encomendado el Consejo de Ministros al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y al Instituto Oficial de Crédito, en el marco de la agenda al Plan de Recuperación.
El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años. Así, Mitma distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.
Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación. El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026.
Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga de cuatro años más una posible prórroga de dos años, como norma general. Si bien hay excepciones. Así podrá ser de ocho años más cuatro años de prórroga si, por ejemplo, los terrenos a adquirir están en proceso de ordenación urbanística.
El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras.
Mitma e ICO firmarán un convenio en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la definición de los detalles (potenciales beneficiarios, control y auditoría de los préstamos, entre otros).
"Se trata de un nuevo instrumento para avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado", explican desde el ministerio que lidera Raquel Sánchez.
Los promotores piden agilidad urbanística
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) considera positivas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en materia de vivienda, aunque cree que necesitan "desarrollo y concreción" para ser eficaces, así como agilidad en la gestión urbanística.
El aval del 20 % del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de viviendas a familias con menores y a jóvenes es, a su juicio, una medida "muy positiva y necesaria", que va "en línea con lo que ya propuso el sector hace ocho años", al igual que la inversión de 4.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas viviendas.
"Estas medidas confirman la necesidad de la colaboración público-privada que defiende el sector, para poder desarrollar la oferta de vivienda que permita el acceso a todos los colectivos, especialmente a los menores de 35 años", defiende el colectivo en un comunicado.
En su opinión, "el alquiler y la compra tienen que ir de la mano" para solucionar el problema del acceso a la vivienda y, por ello, "las medidas adoptadas hoy en el Consejo de Ministros van en la dirección correcta y ayudarán a los jóvenes a emanciparse, ya sea alquilando o comprando una vivienda".
En cualquier caso, APCEspaña insiste en que es "fundamental" trabajar en la concreción y detalle de las medidas para que Estas sean realmente eficaces y se puedan llevar a cabo.
"Será necesaria una gestión urbanística eficaz y ágil de los suelos para que se puedan desarrollar viviendas en un plazo corto de tiempo, así como consensuar los pliegos y condiciones de licitación entre todos los agentes del sector para que la iniciativa privada pueda desarrollar los proyectos", argumenta.
Por contra, defiende que la Ley de Vivienda no tendrá los resultados esperados por el Gobierno al contener medidas "contrarias" a lo que necesita el mercado de la vivienda.
