Los juristas consideran que las novedades que introduce la nueva ley de vivienda en el ámbito de los desalojos por impago de alquiler "están diseñadas para convertirse en una prórroga encubierta a los contratos de arrendamiento".
Así lo aseguraron durante una jornada organizada por el Consejo General de los COAPI de España y el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid, en la que hablaron de las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este sentido, los juristas criticaron que en las demandas de desahucio y en los lanzamientos se producirá "un exceso de tiempo para recuperar la vivienda, al atribuir al arrendador la carga de la prueba de todos los requisitos exigidos, como la condición de vivienda habitual, la vulnerabilidad social o el intento de conciliación o mediación previa y la condición de ser o no gran tenedor".
Esto está generando una enorme inseguridad jurídica en el mercado del alquiler residencial "lo que provocarán la salida de las viviendas hacia otras soluciones arrendaticias, como el alquiler de temporada o vacacional, dibujando también un escenario que perjudicará el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes".
Este es uno de los perjuicios que los juristas aseguran que creará la nueva Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que llega cargada de "limitaciones para los propietarios" y "perjudicará el funcionamiento y las garantías para los consumidores en el acceso a la vivienda".
Madrid no será zona tensionada
José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid participó también en esta jornada y advirtió de que se trata de una ley que "genera inseguridad jurídica, carece del rigor técnico para desplegar sus efectos de forma adecuada y debe ser derogada por los efectos que ya está produciendo, como la restricción de la oferta del alquiler, el incremento de precios o la reducción de la promoción de la vivienda protegida".
También anunció que la región "no declarará zonas de mercado tensionado porque se trata de la competencia de urbanismo y vivienda autonómica, que la nueva ley invade".
Por su parte, la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio – Marchetti Prado, destacó que "la política de vivienda de la Comunidad de Madrid es diferente a la que se ofrece desde la ley estatal, ya que en la región se promueve la facilidad para el acceso a la vivienda, como refleja el Plan Alquila".
