El tope al alquiler tiene los días contados en caso de que el Partido Popular (PP) se imponga en los próximos comicios del próximo 23 de julio. Esta es la medida estrella dentro de la nueva ley de vivienda impulsada por el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que pretende así frenar la escalada de precios de la vivienda en renta.
Pese a que se habla de la posibilidad de que el principal partido de la oposición podría derogar esta normativa, los expertos apuntan que esto es bastante improbable puesto que hay partes de la ley de vivienda que están vinculadas a los fondos europeos. De este modo, la opción que se impone sería la de anular artículos concretos.
Llegados a este punto, eliminar el control de precios pasaría a ser una de las prioridades del PP, que desde un principio mostró su desacuerdo con lo que consideran una
"intervención del mercado que provocará el efecto contrario". De hecho, desde los distintos gobiernos regionales controlados por el partido de derechas anunciaron, antes incluso de la aprobación de la ley, que no iban a aplicar el tope al alquiler. La normativa deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de declarar una zona tensionada para poder aplicar el tope a los precios.
Se considera zona tensionada aquellas áreas donde el esfuerzo para pagar el alquiler o la hipoteca (más los gastos y suministros básicos) sea superior al 30% de las rentas familiares o donde el precio de compra o alquiler haya aumentado en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. Madrid sería una de las regiones donde pueden darse estas casuísticas, sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anticipó que no van a declarar zona tensionada y llegó a anunciar que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional.
Independientemente de lo que pase en las próximas generales, el resultado de las recientes elecciones del pasado 28 de mayo deja fuera de la normativa al 49% de los 291 municipios de España que cumplen con los requisitos para ser zonas tensionadas, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista. Si se suman otras formaciones además del PP que se han mostrado en contra del tope a las rentas, el porcentaje se eleva al 53%, mientras que en solo un 39% de estas localidades, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite al alquiler, principalmente el PSOE.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentran el grueso de municipios que podrían declararse como zonas tensionadas de alquiler. "Sin embargo, de ellos, solo el gobierno autonómico catalán ha afirmado que sí aplicaría este punto de la ley de vivienda", apuntan desde el portal inmobiliario.
Seguridad jurídica
Otro de los principales puntos de conflicto de la ley de vivienda son las medidas que afectan a la okupación. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo apuntó en su momento que votaría en contra de esta ley por considerar que el PSOE lo que está haciendo en un "incentivo" a la okupación y que "obstaculiza" que los propietarios recuperen sus viviendas.
Como contraposición al plan socialista en vivienda desde el Partido Popular apuestan por potenciar la seguridad jurídica agilizando los desahucios, impulsar medidas fiscales y apoyar a los jóvenes en el acceso a la vivienda.
Concretamente, el Partido Popular promete aumentar la oferta de alquiler y de vivienda social mediante incentivos fiscales a propietarios y promotoras. Concretamente, apuesta por establecer un coeficiente definitorio del precio de la VPO para incentivar que se alcancen eficiencias energéticas superiores y revisión del IVA en estos casos.
En el mercado del alquiler, propone deducciones fiscales a los caseros de pisos que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendadores sean jóvenes, menores de 35 años, o mayores de 65 años o personas con bajos ingresos. En esta línea también apunta hacia la eficiencia energética ya que aumentaría hasta el máximo permitido las deducciones de IRPF a quienes lleven a cabo proyectos de rehabilitación.
Por otro lado, apuesta por incorporar la vivienda vacía mediante la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles a los que se alquilen. En el caso de la vivienda social creen que es necesaria una simplificación del concepto de vivienda protegida, de tal forma que sea considerada como tal aquella que cuente con algún tipo de protección pública. Además, prometen en su programa cumplir con una de las principales demandas del sector inmobiliario que es establecer un mecanismo de actualización de los módulos de vivienda protegida, que fijan el precio máximo al que se puede vender la VPO, mediante su indexación al IPC.
La apuesta por la seguridad jurídica es otro de los principales ejes de la propuesta popular. En este sentido, quieren agilizar los desalojos, modificarán la ley para endurecer las penas y apuestan por la creación de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal. Además, prometen que se tramitará una Ley de Seguridad Jurídica en materia de urbanismo, otra de las principales peticiones del sector. El objetivo es agilizar los plazos mediante la eliminación de duplicidades que existen actualmente.
