La nueva ley de vivienda, que entró en vigor ayer tras su publicación en el BOE, puede poner en riesgo a una parte importante de los nuevos desarrollos urbanísticos que se proyectan en España. Así lo advirtieron los promotores durante una mesa de debate en SIMAPro, en la que criticaron duramente una de las medidas por la que se aumentan las reservas de suelo destinado a vivienda protegida en los nuevos proyectos urbanísticos.
Concretamente, con la nueva ley se incrementa del 30% al 40% este porcentaje de la edificabilidad residencial previsto por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y del 10% al 20% en el caso de suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
Desde el sector denuncian que la norma estatal no haya fijado un régimen transitorio, "como suele ser normal en estos casos" y deje en manos de las distintas comunidades autónomas si esta modificación afectará a proyectos que ya tienen aprobado un planeamiento o incluso la reparcelación. De ser así, "esto podría hacer inviable muchos desarrollos", apuntan.
"Se trata de una ley que maltrata toda la cadena de valor del sector, modifica la Ley del Suelo y perjudica la generación de suelo, que es la materia prima de este mercado", explicó Ignacio Peinado, presidente de Junta Promotores ACP Málaga, que considera que la normativa "ignora las causas de por qué el mercado del alquiler está tensionado" y lo que hace es "reducir la materia prima".
En este sentido, Carolina Roca, presidenta de Asprima, denunció que la disposición final 4 que es "una soberana modificación de la Ley del Suelo" se ha llevado a cabo con "nocturnidad y alevosía en el último minuto y de penalti".
Roca asegura que de este punto "no se habló en ningún momento" en las reuniones que tuvieron los representantes del Gobierno con las patronales del sector inmobiliario. "Esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta al sector, ni estudios de impacto económico y sobre todo, sin establecerse un régimen transitorio. Es una barbaridad realizar semejante modificación de la Ley del Suelo".
En Madrid, Roca apunta que la mayoría de desarrollos ya cumplen con estos porcentajes de reservas para VPO, como puede ser el caso de Madrid Nuevo Norte, en el que se decidió que se cedería el 20% de la edificabilidad a vivienda con algún tipo de protección. "Pero si este no hubiera sido el caso el proyecto podría haberse vuelto a bloquear", apunta.
Así, pese a que la mayoría de desarrollos en Madrid superan incluso las reservas de suelo por que se diseñaron con la normativa anterior de la región que obligaba a reservas del 50%, señala a algunos desarrollos más recientes como el de Retamar de la Huerta en Alcorcón o un ámbito de Arroyomolinos que están diseñados con unas reservas del 30%. Si se les aplica la nueva normativa podrían no salir los números, advierte.
Más allá de esta modificación, los promotores se mostraron muy críticos con la nueva ley de vivienda.
Josep Dones, secretario general APCE Cataluña, afirmó que tienen muy claro "esta no es una ley de vivienda, en realidad es una modificación profunda de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) para llegar a un resultado que, si es el mismo que se dio en Cataluña, será muy negativo". "Hoy estamos colapsados recibiendo llamadas preguntándonos sobre qué pasará con la entrada en vigor de la ley. Pues de momento no pasa nada por que aunque entra en vigor todavía no tiene efecto sobre el control de precios. Primero las comunidades autónomas deben determinar qué áreas tensionadas hay y algunas como Madrid y Andalucía ya han dicho que no van a aplicar la contención de rentas".
"En otras grandes ciudades europeas hemos podido ver el fracaso de intervenir el alquiler", explica Dones, que señala que realmente no hace falta irse tan lejos. "Nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó en Cataluña durante el año que estuvo el control de precios".
El resultado según Dones fue "una pérdida del parque de pisos de alquiler del 15%, un incremento de los precios de alquiler de los pisos que estaban por debajo del índice medio y además estimamos que en el inicio de la contención de rentas se dejaron de hacer 3.500 viviendas que iban a destinarse a alquiler que se construyeron pero se vendieron", detalla.
Por su parte Roca criticó que esta ley decide "intervenir el libre mercado como reacción ante un nefasto cumplimiento de políticas de vivienda en los últimos 15 años". Así, cree que la ley de vivienda "es una reacción poco sopesada sin verdaderamente remangarse y ver que es necesario para solucionar el problema de la vivienda. Rompen el equilibrio necesario del sector inmobiliario".
