El Consejo de Europa no se anda con muchos rodeos. La comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, advierte a España de la necesidad de hacer frente a "una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones", abordando los problemas que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los desahucios o los altos precios para alquilar o comprar.
Este tirón de orejas forma parte de las conclusiones de la comisaria tras su visita a nuestro país entre el 21 al 25 de noviembre de 2022. A su juicio, España atraviesa una crisis, que ha afectado al disfrute del derecho a la vivienda de las personas, así como a muchos otros derechos, "durante décadas".
Mijatovic defiende que la vivienda "no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos". En línea, indica que la falta de casas asequibles se ha visto agravada por las decisiones de los gobiernos que han permitido a firmas de capital privado invertir en viviendas y aumentar los alquileres, lo que ha provocado un aumento de los precios en el mercado inmobiliario que supera con creces el aumento medio del poder adquisitivo.
Asimismo, la comisaria considera alarmante el escaso stock de vivienda social, que atribuye a años de poca inversión pública. Esta escena, recuerda, se repite en otras partes de Europa, donde la escasez de inmuebles asequibles empuja a un número cada vez mayor de personas a la inseguridad y la falta de vivienda, además de generar también importantes desafíos relacionados con la calidad de la vivienda.
Como ejemplo de esto, la comisaria apunta "con especial preocupación" la situación en el poblado de infraviviendas de la Cañada Real Galiana (Madrid), donde recuerda que se han venido sufriendo cortes de luz desde octubre de 2020, afectando a sus alrededor de 4.500 habitantes, incluyendo unos 1.800 niños.
Mijatovic considera que la falta de medidas adecuadas para hacer frente a la escasez de vivienda asequible en España ha provocado el endeudamiento de un gran número de familias y un fuerte aumento de los desahucios. En este contexto, la comisaria reconoce que este problema está "parcialmente atendido" por el Plan de Recuperación del Gobierno de 2021 y por el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Y que, si los dos "se aplican adecuadamente" podrían ofrecer una orientación hacia la creación de una oferta de vivienda social y accesible.
En este punto hay que precisar que las consideraciones de la comisaria se elaboraron antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de la Ley de Vivienda. Por eso en su informe, urge a adoptar lo antes posible dicho proyecto de ley, subrayando la importancia de que las autoridades españolas a todos los niveles, incluidas las comunidades autónomas y los municipios, acompañen el proceso abordando de manera integral los problemas estructurales de vivienda, coordinándose entre sí y tomando todas las medidas legales y prácticas necesarias para garantizar la realización efectiva del derecho a la vivienda.
El problema de los desahucios
En otro orden de cosas, en cuanto al problema de los desahucios, la comisaria pide a las autoridades españolas a considerar extender la suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta a la pandemia de covid-19 hasta que se encuentre una solución de vivienda más integral y sostenible para todos los necesitados.
De este modo, insta a adoptar un marco legislativo que establezca los requisitos y procedimientos apropiados a seguir para llevar a cabo desalojos, incluido el acceso a un recurso legal efectivo, y una estrecha coordinación entre el sistema de justicia y todos los servicios sociales relacionados.
Asimismo, reclama a las autoridades que garanticen la provisión de alojamiento alternativo adecuado para las personas vulnerables antes de la ejecución del desalojo y la modificación a tal efecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
