"Inapropiada", "populista", "nefasta", "contraproducente"... Así califican los principales actores del sector inmobiliario la ley de vivienda que este jueves ha aprobado el Congreso de los Diputados. Los expertos coinciden en que la norma tendrá efectos negativos para los arrendadores, pero también para los inquilinos, promotores y constructores. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) destacan hasta doce consecuencias indeseadas de la ley.
- Reducirá drásticamente la oferta de viviendas en alquiler. Consideran que todas las medidas que incluye la norma van en contra de los arrendadores e inversores, que son precisamente los únicos que pueden generar oferta y aumentar el parque de viviendas en alquiler.
- Afectará negativamente a los promotores inmobiliarios, porque les va hacer aumentar sus cesiones de edificabilidad para viviendas protegidas.
- La figura del inversor que compra suelo o viviendas para rentabilizarlas vía alquiler, tenderá a disminuir, porque con todas las limitaciones difícilmente les saldrán los números de su inversión, y más en un momento, en que las entidades financieras empiezan ya a retribuir el pasivo.
- Acabará con gran parte de las agencias inmobiliarias que se dedican solo a la intermediación de alquileres, porque no van a poder cobrar sus honorarios a los inquilinos, con lo cual muchas tenderán a desaparecer o cargar sus honorarios a los arrendadores.
- Relacionado con lo anterior, probablemente los arrendadores tengan que asumir los honorarios que las agencias no puede cobrar a los inquilinos, con un mayor coste para ellos, lo que les supondrá otro límite más.
- La inseguridad jurídica aumentará. La nueva ley permite prorrogar los lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta los dos años, por lo que un arrendador tardará más tiempo en recuperar su vivienda en caso de impago. "La inseguridad jurídica será absoluta y apartará a muchos arrendadores e inversores del mercado del alquiler. Además, esta ley va a fomentar que los procedimientos de desocupación de los okupas sean más lentos, con mayores trámites y más costes para los arrendadores", señalan desde ANA.
- Provocará que los arrendadores desplacen sus inversiones hacia otro tipo de inversiones donde no les afecten estas limitaciones, como alquileres turísticos, de temporada o alquileres de habitaciones, de locales o de oficinas o plazas de garaje.
- Aumentará el número de arrendamientos que se renueven por tácita reconducción, con el fin de burlar la ley.
- Habrá un trasvase importante de viviendas del alquiler hacia la compraventa.
- Se producirán desigualdades sociales y económicas entre las comunidades autónomas que quieran aplicar o no la nueva ley, y dentro de estas, guetos para poder acceder a un alquiler en una de las llamadas zonas tensionadas.
- Los inversores y promotores querrán dirigir sus inversiones hacia las comunidades que no apliquen la ley o hacia aquellas zonas que no se declaren tensionadas, generando más desigualdad entre regiones.
- La nueva ley de vivienda también perjudicará a muchos arrendatarios, especialmente a los más vulnerables, porque se endurecerán los requisitos para alquilar. "Los propietarios exigirán mayores afianzamientos y garantías, y trabajos más estables y seguros. Lo cual va a provocar que muchos candidatos a inquilinos, sobre todo los que tienen los empleos más inestables, se queden en una zona de indefinición, donde además de no poder comprar, tampoco van a poder alquilar", concluyen desde ANA.
