El Gobierno ha sacado su bazuca y ha comenzado a disparar promesas prelectorales, muchas de ellas del ámbito de la vivienda. A saber: financiará 43.000 casas destinadas a alquiler social, movilizará otras 50.000 de la Sareb para el mismo fin y llevará la polémica ley de vivienda al Congreso en tan solo unos días. Todas estás medidas están generando muchas dudas en el sector inmobiliario. De hecho, los promotores y constructores se muestran "escépticos" ante el último anuncio del Ejecutivo de financiar la promoción de 43.000 viviendas a través de una nueva línea ICO de 4.000 millones con cargo de los fondos europeos.
"Nos parece bien que se ponga dinero para financiar vivienda asequible a través de colaboración pública-privada, pero tenemos que saber cuáles son las condiciones de financiación, qué se entiende por vivienda asequible y las exigencias que incluirán los pliegos de los concursos", explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Para que el sector privado participe en esta iniciativa la rentabilidad debe ser "como mínimo del 6%", añade.
Ahora bien, el empresario deja claro que los promotores privados sí quieren hacer vivienda protegida. "Históricamente hemos sido los mayores promotores de este tipo de vivienda, incluso más que el Estado. El problema es que podamos tener los precios adecuados para hacerlas".
La ubicación de suelo también será determinante para definir el éxito de la iniciativa. "Si los suelos están en Madrid estupendo, pero hay capitales de provincia donde no hay interés por desarrollar estas promociones", añade Gómez- Pintado. De hecho, el empresario recuerda que este tipo de concursos han quedado desiertos en algunas comunidades autónomas porque no había posibilidad de desarrollarlos.
Sareb y ley de vivienda
También genera dudas la medida del Gobierno de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb. De hecho, Gómez-Pintado recuerda que hay ayuntamientos que han devuelto las viviendas del banco malo, puede que porque "no estaban acabadas o porque estaban vandalizadas".
En la misma línea se ha pronunciado sobre la polémica ley de vivienda que regulará y topará los precios de los alquileres, y que causará el efecto contrario al deseado: las rentas subirán y la oferta se reducirá. "Parece que los malos somos los fondos y los grandes tenedores, pero luego nos piden que la empresa privada -acompañada por fondos- desarrolle esta tipología de vivienda porque sino, nadie tiene capacidad de desarrollarla".
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España lamentan que el Gobierno no les haya tenido en cuenta para dibujar una estrategia conjunta en materia de vivienda. "Nos hemos enterado de todas las medidas a través de los medios de comunicación. Todas las partes involucradas tienen que sentarse a buscar soluciones. Por imposición funcionan mal las cosas", concluye.
Línea ICO de 4.000 millones
La financiación de las 43.000 viviendas destinadas a alquiler social se articulará a través de una una nueva línea ICO de 4.000 millones de euros con cargo de los fondos europeos. Así lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Las viviendas serán tanto de nueva construcción como rehabilitadas en edificios ya existentes. Para que sean financiadas deberán cumplir dos requisitos: eficiencia energética y que sean de alquiler social o accesible durante, al menos, 50 años. Podrán acceder a los créditos tanto promotores públicos como privados.
"Vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema porque no hay nada más constitucional que la nueva ley de vivienda y convertir vivienda en el quinto pilar estado bienestar", remarcaba el presidente.
El objetivo del Gobierno es movilizar un total de 100.000 viviendas en arrendamiento a precios asequibles a través de los planes puestos en marcha por el Ministerio de Transportes, los acuerdos con la Sareb, aquellos que se puedan alcanzar con los fondos de inversión y las ayudas europeas.
