Gobierno y grandes propietarios negocian un acuerdo para ampliar el parque de vivienda de alquiler social. La propuesta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) pasa por ceder 30.000 casas al Estado por un periodo de 25 años con precios un 20% por debajo de mercado.
"El sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables", decía recientemente Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y de Aliseda y miembro de Asval, quien pedía que el acuerdo fuera con la Administración central y no con las comunidades autónomas para así dotarlo de mayor "seguridad jurídica". La propuesta de los grandes caseros está basada en el modelo irlandés, pero, ¿cómo funciona exactamente?
El Plan de Arrendamiento de Viviendas Sociales a Largo Plazo Mejorado del Gobierno de Irlanda ofrece a las autoridades locales la posibilidad de alquilar viviendas a promotores e inversores institucionales. El objetivo es conseguir "vivienda social a gran escala y lograr los mejores resultados para todas las partes", según el Ejecutivo.
El programa contempla un plazo de arrendamiento de 25 años. Durante ese tiempo la Administración es la que alquila las viviendas a los ciudadanos y la que cobra el alquiler a un precio inferior al de mercado. Ahora bien, en un primer momento la autoridad local pertinente -el arrendatario- acuerda con el arrendador -propietario del inmueble- el pago de hasta el 95% del alquiler a precio de mercado. Dicho alquiler se revisa cada tres años vinculado al Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA).
El programa obliga al arrendador a prestar servicios de gestión de los inmuebles. Además, los promotores o inversores que estén dispuestos a ceder sus viviendas deben contar con un mínimo de 20 propiedades en el mismo ámbito geográfico.
Las propuestas
Los grandes propietarios interesados en participar en el plan de arrendamiento deben cumplir una serie de requisitos. Han de ser entidades corporativas constituidas conforme a la Ley de Sociedades de 2014, deben presentar una declaración relativa a la solvencia y cartas de apoyo de los financiadores, y explicar cómo mantendrán las propiedades el tiempo que dure el arrendamiento.
Además, las viviendas tiene que estar amuebladas y cumplir todos los requisitos legales recogidos en el Reglamento de Vivienda de 2017.
El Gobierno de Irlanda tiene previsto eliminar el plan de arrendamiento de forma gradual para 2026. Todas las propuestas que llegan son evaluadas por la Agencia de la Vivienda, junto con la autoridad local con el fin de establecer si la ubicación donde está el inmueble es adecuada para la vivienda social, si la propuesta específica cumple con la necesidad de vivienda en la zona y si los alquileres propuestos están en línea con los alquileres del mercado.
En caso de controversia sobre los alquileres del mercado, las propuestas pueden remitirse a un tasador independiente para su determinación.
