Crece el enfado de los propietarios de viviendas por la limitación del alquiler al 2% impuesta por el Gobierno. Tanto, que más de 1.000 caseros particulares -miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL)- están a favor de reclamar compensaciones al Estado.
Así se pone de manifiesto en una consulta realizada por la asociación en la que más del 95% de los propietarios es partidario de dar el paso. ASVAL, que supera los 4.000 asociados (la mayoría particulares), considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico.
"El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del Gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás", explica María Andreu, directora general de ASVAL.
Además, la asociación cree que la medida corre el riesgo de convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación.
Los propietarios también quieren dejar claro que son sensibles a la delicada situación que atraviesan muchos inquilinos, especialmente en el actual contexto económico. De hecho, la mayoría no repercute la totalidad de la subida del IPC, según los datos de ASVAL, y opta por ajustes más moderados del alquiler.
"Con esta limitación al incremento de las rentas se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios que utilizan las rentas para completar sus sueldos y pensiones", dicen desde la asociación.
Además, añaden que todos los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad. También están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, por lo que no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler.
La asociación considera que esta limitación, al igual que otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal, trasladan a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello.
Es este hecho, con los propietarios afrontando una situación delicada en un difícil contexto económico, el que ha impulsado a ASVAL a estudiar acciones legales para reclamar compensaciones al Estado por esta intervención inasumible en las rentas. La asociación tomará una decisión próximamente. A esta se podrán adherir, además de los más de 4.000 asociados de ASVAL, cualquier propietario de vivienda en alquiler en España.
Además, en su opinión, esta medida limitará aún más el número de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán dejar sus inmuebles vacíos o venderlos. Asimismo, los propietarios estarán menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo las obras necesarias -incluso para mejorar la eficiencia energética y la renovación- en las viviendas que alquilan.
Inseguridad jurídica
Desde ASVAL considera que la creciente inseguridad jurídica en el mercado del alquiler va a seguir produciendo una reducción de la oferta de vivienda. Esta reducción de oferta, que agrava el problema de acceso a la vivienda, será aún mayor en el contexto actual. El empeoramiento de las condiciones de la financiación para la compra de vivienda provocará un incremento de la demanda de vivienda en alquiler. Sin embargo, medidas como esta limitación reducen la puesta en el mercado de pisos en alquiler, haciendo imposible el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables, a aquellos que se pretende proteger.
La limitación al 2% a la subida del alquiler, una medida aprobada en marzo por el Ejecutivo se ha prorrogado durante seis meses más. En el real decreto que contenía esta medida se establecía que los propietarios no podrían aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Sin embargo, el último dato del INE para este índice lo sitúa por encima del 4%, y no en el 2% al que lo limita esta herramienta.
