Los caseros particulares y las grandes firmas de vivienda en alquiler se muestran en total desacuerdo con la intervención de los precios del alquiler aprobada por el Gobierno y aseguran que están estudiando medidas legales.
Esta es la primera reacción del sector ante el anuncio del presidente del Gobierno de la renovación de las medidas anticrisis, aprobadas el pasado 28 de marzo en Consejo de Ministros, y entre las que se encuentra la limitación de las subidas del alquiler al 2% ante la elevada inflación.
Desde ASVAL, con más de 4.000 asociados (un 95% de ellos, propietarios particulares), "estamos estudiando medidas legales, a las que podrán sumarse cualquier propietario de viviendas en alquiler en España, para reclamar compensaciones al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible en las rentas".
La patronal considera que "no es aceptable que se prorrogue esta medida, que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo".
Además recuerdan que esta medida afecta a más de dos millones de españoles, que son propietarios de vivienda en alquiler, y que "necesitan de esta renta para complementar sus ingresos o su pensión".
Asval considera que esta medida carga sobre los propietarios, que también están sufriendo la escalada de la inflación, el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación. "Esta limitación sitúa al mercado en una situación delicada, que desincentiva la inversión en alquiler y que derivará la oferta al sector de la venta", advierten.
"Con esta medida se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios", destacan desde la Asociación.
"Se trata de una norma que, al igual que el Proyecto de Ley de Vivienda o que la ley que ampara la ocupación ilegal en Cataluña, se limita a trasladar el problema de la vivienda a los propietarios privados para que lo solucionen, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Así, están vaciando de contenido el derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española", destacan en su comunicado.
Asimismo, "consideramos injusto que se establezcan subvenciones o ayudas para otros sectores, como el de los carburantes o el energético, cuando se tratan de empresas grandes, y no se incluya ningún tipo de compensación para el mercado del alquiler, en manos principalmente de propietarios particulares".
"Es una clara intervención"
La Agencia Negociadora del Alquiler considera que la prórroga del límite del 2% en la actualización de las rentas del alquiler es "una clara intervención de los precios" y que esta medida hará disminuir la rentabilidad para los propietarios.
El director general de Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha indicado que el sector entendería que se tratara de "una medida coyuntural" mientras el Gobierno trataba de controlar la inflación, pero la prórroga hará que se extienda "mínimo a un periodo de seis meses".
"Una vez más, vemos que a través de medidas intervencionistas son otra vez los propietarios particulares los que se tienen que hacer cargo de una inexistente política social de vivienda en el alquiler", agrega Zurdo en un comunicado.
Sin esta nueva prorroga se calculaba que la pérdida para los propietarios de pisos en alquiler iba a rondar los 560 millones de euros, según un estudio de Idealista.
En la primera aprobación de esta medida, los arrendadores de San Sebastián, Barcelona, Madrid y Bilbao han sido los más afectados.
El precio mediano en estas capitales, con la última tasa de inflación publicada en ese momento a finales de marzo, pasa a 961 euros de mensualidad en San Sebastián, 933 euros al mes en Barcelona, 878 euros al mes en Madrid, y 851 euros al mes en Bilbao.
Sin embargo, con el límite del 2% los alquileres se quedarían en 893 euros al mes, 867 euros al mes, 816 euros al mes y 791 euros al mes, respectivamente.
La diferencia supone que los propietarios de Donosti pierden unos 820 euros al año, los de Barcelona casi 800 euros anuales, los de Madrid dejen de cobrar alrededor de 750 euros el próximo año y los de Bilbao, unos 725 euros al año.
