Parecía que se había calmado el fuego cruzado de acusaciones que desataron Ryanair y Aena hace un par de semanas a consecuencia de la decisión de la aerolínea irlandesa de recortar sus operaciones en España tras alegar unas tasas demasiado altas en los aeropuertos regionales.
Parecía, hasta ayer, cuando se filtró la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la misiva enviada por el CEO de la compañía aérea, Eddie Wilson, en la que reclamaba una reunión para conocer los planes del Gobierno respecto a los aeropuertos pequeños que gestiona su participada Aena. El directivo irlandés llegó a prometer para el verano de 2026 un aumento de operaciones en este tipo de instalaciones, de menor tamaño, si rebajaban las tarifas que cobran a las aerolíneas.
Pero Puente optó por seguir la senda iniciada por su subordinado, el presidente de Aena, y no dar su brazo a torcer ni acceder a lo que Maurici Lucena catalogó de "chantaje". Tras reclamar a Ryanair que dé marcha atrás y mantuviera su actividad actual en Jerez, Valladolid, Santiago, Vigo, Asturias, Santander y Zaragoza; el ministro catalogó de "tono conminatorio y un tanto insolente" el escrito remitido por la compañía aérea a su Ministerio, según publicó El País.
Wilson, que anticipó una ronda de reuniones con las autonomías españolas —la mayoría gobernadas por el Partido Popular, en oposición al Gobierno central—, reclamó verse con Puente para conocer sus planes y presionar en busca de una rebaja de tarifas -los incentivos puestos en marcha en 2024 les parecen insuficientes- o, incluso, solicitar un cambio en el modelo de gestión de los aeródromos nacionales, tras catalogar a Aena de un monopolio sin incentivos para bajar las tasas.
En su respuesta, Puente recuerda a Ryanair que "la política de transportes e infraestructuras del país la define exclusivamente el Gobierno de España y está al servicio del interés general, y no del interés particular de empresas concretas". Continúa apuntando que "no puede estar sometida a presiones ni imposiciones de ninguna línea aérea".
Y reitera el argumentario ya expuesto por Aena, de que las peticiones de rebaja de tasas pueden vulnerar el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Puente también recuerda a la compañía que las subvenciones públicas que "solicita a los gobiernos regionales durante varios años continuados" podrían ser también catalogadas de ayudas de Estado, lo que incumpliría la norma.
Un nuevo enemigo
La bronca de Puente con Ryanair se suma a los señalamientos que ha efectuado desde que está en el cargo a otros gobiernos y empresas europeas. La más sonada fue la bronca con la operadora ferroviaria Ouigo, controlada por el Estado de Francia, a la que acusó de dumping de precios frente a las políticas comerciales de sus rivales, Renfe e Iryo.
Al mismo tiempo, ha cuestionado en múltiples ocasiones la lentitud y los retrasos continuados del gobierno galo en cuanto a facilitar la entrada de Renfe en sus vías, especialmente para llegar a París; o la expansión de su red ferroviaria de alta velocidad hasta las fronteras españolas, en sus conexiones vasca y catalana. Pero la operación más polémica fue el veto a la opa lanzada por el Estado de Hungría sobre el fabricante de trenes español Talgo, un movimiento que el consorcio comprador, Ganz-MaVag, pretende elevar al Tribunal de Justicia de la UE.
El ministro ha ejercido desde su primer día en el cargo una férrea defensa de las empresas públicas españolas, como Renfe, y de los intereses del país en materia de infraestructuras, como con los corredores Atlántico y Mediterráneo. También mantiene una buena relación con sus homólogos europeos y ha incrementado sus visitas al extranjero para reforzar los vínculos con países donde existen oportunidades de negocio para las constructoras.
