El Consell echa leña a las polémicas del puerto de Valencia con el cese de Rodríguez-Piñero

Aunque el Gobierno valenciano de Carlos Mazón se ha erigido en uno de los grandes defensores de la nueva terminal del puerto de Valencia que desde hace años está en el centro de la batalla política en Valencia, paradójicamente acaba de dar argumentos a los colectivos y partidos de izquierdas que han cuestionado los procedimientos de la Autoridad Portuaria de Valencia.

La última polémica en torno al consejo de administración del puerto de Valencia se ha producido después de que se haya desvelado un informe de la Abogacía de la Generalitat que señalaba las posibles incompatibilidades de la eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero., como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Tras su publicación en los medios, la Conselleria de Medio Ambiente abrió una investigación para depurar responsabilidades por el posible cobro irregular de dietas, que se cifraban en 40.000 euros durante sus ocho años en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Rodríguez-Piñero, que había sido secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento con Zapatero, por su parte ha asegurado que había presentado su dimisión del consejo el pasado 25 de septiembre, antes de que trascendiera esta información y se "pusiera en duda la compatibilidad", además de subrayar que no ha asistido a ningún consejo desde entonces.

"Este cese tiene que ver, estos acontecimientos que han sucedido son lo suficientemente graves para apartar a Rodríguez-Piñero", ha asegurado la portavoz del Consell, Ruth Merino, para explicar el anuncio del cese aprobado hoy por el Pleno del Consell. Aunque según Merino la salida ya estaba prevista, lo cierto es que sus palabras y la investigación de la Generalitat enturbian más las polémicas en torno a la gestión del puerto de Valencia, que desde hace años vive en medios de litigios judiciales, políticos y empresariales.

Las polémicas portuarias

De hecho, los principales opositores a la terminal norte que tramitan MSC y la Autoridad Portuaria siempre han puesto especial acento en que en el consejo del puerto participen miembros de empresas interesadas, como el caso de Vicente Boluda. Incluso una empresa, Grupo Alonso, ha recurrido judicialmente la decisión del consejo por la que perdió una concesión frente a un grupo en el que se incluía Boluda.

A ello se suman los eternos líos con la ZAL que lleva más de una década acabada y sin empresas, o la marcha atrás en el expediente para rescatar de la concesión de la antigua Unión Naval de Levante para la terminal de ferris.

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