Compromís mantiene su rechazo a la nueva terminal de contenedores del puerto de Valencia que tiene previsto desarrollar MSC pese a la aprobación del proyecto para las obras de la Autoridad Portuaria. El secretario autonómico de la Vicepresidencia primera y representante de la Generalitat Valenciana en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón, de Compromís, que votó en contra en la votación del órgano de Gobierno, ha recurrido ahora en la propia Administración portuaria esa resolución.
Un intento más del partido valencianista y socio de la Generalitat de frenar el proyecto portuario pese a los informes que hasta ahora permitan a la Autoridad Portuaria continuar con su desarrollo. El secretario autonómico ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del consejo de gobierno de la APV que el mes pasado dio luz verde al proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto.
Según expone en el recurso, registrado el 2 de enero y consultado por Europa Press, este proyecto adolece de una serie de carencias que suponen su nulidad de pleno derecho, como asegura que advirtió ante el consejo de administración de la APV, en el que votó en contra, al igual que hizo el alcalde de València y también miembro de Compromís, Joan Ribó. "Es mi deber y obligación intentar reconducir la gestión hacia la legalidad administrativa", defiende.
Castañón, que también pide la suspensión cautelar del acuerdo impugnado, basa su recurso en que la declaración de impacto ambiental (DIA) fue formulada en 2007 y en que la primera fase de las obras concluyó en 2012, advirtiendo que "no consta que la APV encargase la redacción del proyecto ni plantease en momento alguno la ejecución de la fase segunda en los términos de sus propias previsiones y documentos aportados al proceso de evaluación ambiental".
El proyecto, que ya acumula más de tres años de tramitación administrativa desde que se licitó la concesión en 2019, amenaza así con convertirse en un nuevo culebrón ante el bloqueo constante por parte de Compromís y del alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Artillería legal
La creación de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Valencia ya ha llegado a los tribunales y la vía judicial amenaza con sembrar de incertidumbre un proyecto en el que está prevista una inversión de 1.564 millones de euros.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha aceptado la medida cautelar solicitada por el colectivo ciudadano Comissió Ciutat-Port por la que suspende la resolución del Ministerio de Transición Ecológica en la que dictaminaba que la Autoridad Portuaria de Valencia era la administración competente para decidir si era necesaria o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
La Autoridad Portuaria siempre ha defendido que la nueva terminal se encuentra aguas adentro del dique de la ampliación norte, concluido en 2012, por lo que no es necesario tramitar una nueva Declaración Ambiental, que además alargaría aún más el proceso.
