La mayor inversión prevista en el puerto de Valencia, la nueva terminal norte de contenedores a la que se presentó el gigante naviero MSC, por fin avanza en su tramitación después de tres años de informes y polémica política. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado el proyecto de construcción con el voto en contra del propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, y un representante de la Generalitat Valenciana designado por Compromís, que junto a Podemos se opone al proyecto.
La inversión prevista alcanza los 1.564 millones de euros, incluyendo tanto la que realizará la propia Autoridad Portuaria como TIL, la filial portuaria de MSC, que actualmente es la mayor naviera por capacidad de contenedores actualmente y el mayor cliente del recinto portuario valenciano, el cuarto de Europa en contenedores.
Sin embargo, pese a la decisión del puerto de Valencia ahora el proyecto se enfrenta a otra posible batalla legal. El alcalde de Valencia ya ha amenazado públicamente con llevar a los tribunales la actuación al considerar que debería realizarse una nueva Declaración de Impacto Ambiental. La postura de Compromís choca con sus socios socialistas en el Ayuntamiento y en la Generalitat, de hecho el proyecto fue presentado en su día por el propio Ximo Puig como muestra de la confianza de los inversores internacionales en Valencia.
El puerto considera que con la realizada hace casi 20 años para la ampliación norte cuyo dique principal lleva construido desde hace más de una década era suficiente, al incluirse la terminal aguas adentro de esa infraestructura.
Precisamente para evitar que cualquier defecto de forma pudiese paralizar la actuación, la Autoridad Portuaria ha querido contar con informes y el visto bueno de todos los ámbitos administrativos para blindarlo ante los recursos en los tribunales y malas experiencias previas, como las de la ZAL que más de una década después de finalizarse no se puede utilizar por los litigios sobre la tramitación.
Más coste
Ahora es el Consejo de Ministros el que debe autorizar la licitación de las obras de la Autoridad Portuaria de relleno del muelle donde se instalará MSC. El puerto de Valencia estima que el presupuesto de esa parte se elevará de los 400 millones de euros iniciales a 525 millones por la subida de costes. La intención es licitarlas en el primer trimestre del próximo año y adjudicarlas antes de que acabe 2023.
Las obras tendrán un plazo de 58 meses, aunque en dos años se prevé poder entregar una primera fase para que la naviera pueda iniciar también la primera parte de su instalación, que según el puerto es vital para evitar el futuro colapso y garantizar los actuales tráficos.
Además se debe adjudicar la concesión a TIL, ya que el proceso también se había ralentizado para tratar de desatascar el inicio de las obras. La filial de MSC preveía una inversión de algo más de 1.000 millones en una terminal semiautomatizada y con su propia estación ferroviaria, aunque el paso del tiempo previsiblemente encarecerá ese importe.
El presidente del puerto, Aurelio Martínez, defendió que "la que es posiblemente la mayor inversión en un puerto en España" no puede depender del "albur de los partidos políticos" ante la continua polémica por esta infraestructura y defendió los informes técnicos recabados, como el último del Ministerio de Transición Ecológica que establece la "compatibilidad con condiciones" del proyecto, o de la Abogacía del Estado, que insiste en que las competencias autonómicas no son aplicables a los puertos de interés general del Estado.
Martínez también puso como ejemplo el caso de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, "que nadie entendería que se retrasase más de lo necesario".
