Comunidad Valenciana

El Puerto de Valencia vuelve a retrasar la concesión de la macroterminal de MSC

  • La naviera presentó una oferta para invertir mil millones en la terminal
  • La infraestructura está en medio de una polémica política por su impacto
Un buque de MSC en los muelles de Valencia.
Valencia

El consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia planteará retrasar de nuevo el proceso para adjudicar al grupo naviero un proyecto en el que prevé mil millones de inversión.

El consejo de La Autoridad Portuaria de Valencia planteará retrasar de nuevo el proceso para adjudicar al grupo naviero un proyecto en el que prevé mil millones de inversión.

La tramitación de la terminal norte de contenedores del Puerto de Valencia a la que confía su crecimiento futuro se eterniza. Entre los puntos del orden del día que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia debe resolver el próximo viernes se ha incluido ratificar una resolución por lal que se amplía el plazo para la resolución del otorgamiento de la concesión de la terminal.

En principio el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, confiaba que el consejo pudiese aprobarla antes del verano. Posteriormente se volvió a retrasar a septiembre por la crisis sanitaria.

Al concurso para esta macroterminal se presentó en mayo de 2019 el principal cliente de los muelles valencianos, la naviera de origen italiano y sede en Suiza MSC. Su propuesta contemplaba una inversión a largo plazo de algo más de mil millones de euros y garantizaba el crecimiento en los tráficos. Sin embargo, la polémica por la petición por parte del alcalde de Valencia y de los socios del Gobierno autonómico Compromís y Podemos de realizar una nueva declaración de impacto ambiental ha golpeado el proyecto. Un informe de Puertos del Estado debía resolver si era o no necesaria esa nueva declaración.

A ello se han sumado los efectos del confinamiento por la pandemia, con los retrasos que ha supuesto en todos los procesos administrativos. Precisamente uno de los argumentos para rechazar una nueva declaración era que exigiría retrasar varios años el proyecto y la previsible marcha del inversor a otro puerto.

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