La creación de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Valencia ya ha llegado a los tribunales y la vía judicial amenaza con sembrar de incertidumbre un proyecto en el que está prevista una inversión de 1.564 millones de euros.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha aceptado la medida cautelar solicitada por el colectivo ciudadano Comissió Ciutat-Port por la que suspende la resolución del Ministerio de Transición Ecológica en la que dictaminaba que la Autoridad Portuaria de Valencia era la administración competente para decidir si era necesaria o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
La Autoridad Portuaria siempre ha defendido que la nueva terminal se encuentra aguas adentro del dique de la ampliación norte, concluido en 2012, por lo que no es necesario tramitar una nueva Declaración Ambiental, que además alargaría aún más el proceso.
Aunque el auto no entra en el fondo del recurso, que considera que el Ministerio no puede inhibirse en el organismo portuario, desde la asociación contraria a las obras de ampliación de los muelles considera que supone "un respaldo a sus argumentos".
Culebrón político y judicial
Si finalmente el fallo del tribunal desestima la resolución se volvería a alargar la tramitación de la concesión a la naviera MSC, tras más de tres años de un proceso administrativo marcado por el rechazo de los partidos políticos de Compromís y Podemos, socios del Gobierno valenciano de Ximo Puig y del Ayuntamiento de Valencia.
El propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, uno de los líderes de Compromís, que votó en contra del proyecto constructivo en el consejo de administración del puerto, mostró su satisfacción por la resolución cautelar del TSJ de Madrid.
Según el líder de Compromís, el auto "da la razón a los que argumentamos que la APV no puede ser juez y parte para evaluar" el impacto de la terminal en la ampliación norte.
