Madrid
El Pleno del Senado tiene previsto aprobar este miércoles una moción contra la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Telefónica en virtud de la mayoría absoluta que tiene el Grupo Popular en la Cámara Alta. En este sentido, Esther del Río Baña, senadora del Grupo Parlamentario Popular, argumentó el pasado martes por la noche dicha moción en la que instó al Gobierno a revertir la transferencia de fondos efectuada hacia la Sepi para abordar la entrada en Telefónica, devolviéndolos a sus partidas originales y garantizando que esos recursos se destinen a mejorar la financiación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El mismo grupo también conminó al Ejecutivo "a abandonar las políticas intervencionistas que practica el gobierno, volviendo al respeto a la autonomía empresarial y al libre mercado".
Según Del Río, se trata de "un caso más de utilización capciosa de los recursos públicos destinando fondos a los juegos de poder del Gobierno en vez de ponerlos al servicio público". Según Del Río, dicha operación "se está ejecutando un 10% más cara del precio de mercado, por lo que no ha sido muy inteligente la entrada en la sociedad, además de bordear la legalidad con sospechas de conflictos de intereses y atacar la libertad del mercado y a la calidad de los servicios públicos y territorios".
De acuerdo con la misma iniciativa, el Gobierno "prioriza sus maniobras ideológicas y sus intromisiones en el mundo empresarial por encima de las necesidades reales de los ciudadanos, mientras aprovecha para continuar asfixiando cada vez más a las comunidades autónomas y ayuntamientos en sus necesidades más esenciales".
El objetivo de cualquier moción aprobada en el Senado busca dos objetivos, por un lado que el Gobierno formule una declaración sobre el asunto o remita a las Cortes Generales un proyecto de ley regulando una materia de la competencia de aquellas. Por otra parte, la moción también busca que la Cámara delibere y se pronuncie sobre un texto de carácter no legislativo, debiendo ir acompañadas, en su caso, de una evaluación de su coste económico. Cuando se aprueba una moción sometida a pleno, el Gobierno dispondrá de seis meses siguientes para informar sobre el cumplimiento de la misma moción.
Según la referida moción, y de acuerdo con las informaciones que se han hecho públicas, el Ministerio de Hacienda ha utilizado 1.500 millones de euros del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, y otros 500 millones de euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales, para transferirlas a la SEPI y de esta manera poder abordar su entrada en el accionariado de Telefónica, y tratar de adquirir la condición de accionista de referencia en dicha compañía. En opinión del Partido Popular, estos fondos europeos sirven, entre otras cosas, "para financiar las necesidades de liquidez de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a las que se vuelve a asfixiar usurpándoles de nuevo recursos que necesitan". Por lo tanto, añade, esta decisión de Sánchez "detraerá fondos que estaban destinados a cubrir directamente necesidades de los ciudadanos, para emplearlos en operaciones financieras de oscuro sentido económico y dudosa utilidad pública".
Según ha denunciado el Grupo Popular, se trata de "una clara injerencia del gobierno en una compañía privada perteneciente a un mercado liberalizado". Ante esta situación, la justificación que han ofrecido los responsables del Ministerio es que se trata de fondos "sobrantes", cuestión que entra en contradicción con la congelación de la actualización de las entregas a cuenta para estas administraciones, y con que se está retrasando la liquidación favorable del sistema de financiación de 2022.
Al mismo tiempo, el grupo Popular ha indicado que la inversión de Sepi en Telefónica se produce "como continuación a la polémica sobre la entrada sorpresiva de nuevos accionistas en Telefónica, aumentando la opacidad de toda la operación". También ha explicado que con este tipo de movimientos: "Sánchez muestra una forma de ejercer la acción de gobierno que recuerda a regímenes fallidos que han aplicado doctrinas económicas que han fracasado allá donde se aplicaron", dijo.
