Las televisiones autonómicas se juegan ya 465 millones de euros en su disputa con Hacienda por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La Agencia Tributaria considera que las radiotelevisiones públicas de carácter regional están obligadas a pagar el impuestos por las subvenciones recibidas por parte de los Gobiernos regionales mientras que las cadenas entienden que esos ingresos son por la prestación de un servicio público y no por una actividad comercial, por lo que están exentas.
La disputa ha llegado al Tribunal Supremo con varios recursos presentados, por ejemplo, por Radio Televisión Madrid o el Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (CMM) y está pendiente ahora de sentencia. Todas las sociedades están así afectadas salvo la televisión vasca Euskal Telebista (EiTB), por disponer el País Vasco de hacienda propia, y la Televisión Canaria, al contar las Islas con su propio IVA, el IGIC.
El caso de Bulgaria
El conflicto como tal comienza en 2014, cuando Hacienda empieza a considerar que solo se podían deducir el IVA por la actividad comercial pero no por las subvenciones públicas. Tras sucesivos cambios de criterio y modificaciones de la Ley, en 2020, una sentencia del TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central) dio la razón a la Agencia Tributaria dictaminando que las subvenciones recibidas de la comunidad autónoma debían devengar el IVA repercutido.
Sin embargo, otra sentencia posterior del Tribunal de Justicia de la UE a raíz de la reclamación de la televisión búlgara, cambió el criterio, cerrando la puerta a esa interpretación en 2021. Si bien no aclaraba totalmente el asunto, sí que admitía la posibilidad de una discriminación del IVA, según sea devengados en actividades de servicio público o no. Esto provocó una avalancha de recursos ante el TEAC, la Audiencia Nacional e incluso al Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal es el que debe decidir ahora en última instancia qué operaciones de los entes públicos están sujetos al IVA, incluyendo las subvenciones que reciben de sus respectivas autonomías, y cuáles no. El problema radica, según la corporación castellano-manchega, en que "la Agencia Tributaria interpreta nuestra actividad como privada, es decir, que el IVA soportado es deducible al 100% pero las subvenciones recibidas de los presupuestos se consideran una contraprestación de los servicios prestados y deberían de llevar el IVA incluido (21%)". Además, en las cuentas de la corporación murciana, la dirección fiscal de Forta alega que "estos procedimientos deberían ser favorables para los Entes de Radiodifusión autonómicos".
Conflicto millonario
En la disputa entre la Agencia Tributaria y las radiotelevisiones públicas autonómicas la que más tiene en juego es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la empresa que gestiona Tv3. A cierre de diciembre de 2021 acumulaba una reclamación de 158,3 millones de euros, según el informe de las cuentas anuales del último ejercicio. La Corporación Catalana tiene liquidaciones del impuestos pendientes de cobro desde finales de 2017. En segundo lugar, aparece la corporación andaluza (RTVA), con una reclamación acumulada por valor de 92,6 millones. Según el informe del auditor, "tiene contingencias no provisionadas por actas firmadas en disconformidad correspondientes al IVA de 2012,2013 y 2014 y 2015,2016 y 2017, por importe de 28 millones de euros y 64 millones respectivamente". En el caso de la televisión pública andaluza, en 2018 se elevó esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que haya habido todavía una respuesta.
El podio lo completa la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, con una reclamación por parte de la Agencia Tributaria que alcanza los 41 millones de euros. Esta cantidad total se desglosa en 6,9 millones que provienen del ejercicio 2016-2017; 10,2 millones, entre 2015-2017, y, por último, casi 24 millones de euros por el ejercicio de 2021. Según admite la empresa en las cuentas, "en octubre de 2021 se notificó el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general por concepto de IVA, para los periodos de enero a agosto de 2021". No obstante, a cierre del mismo año, todavía estaba abierta la inspección y no existía acuerdo de liquidación. La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) y la Radio Televisión Madrid (RTVM) tienen en disputa una cantidad muy similar: 38,6 y 36,9 millones respectivamente.
La televisión pública de Madrid presentó demanda en la Audiencia Nacional y, según dice, "no conforme con la sentencia (...) el 30 de julio de 2021 se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo considerando que dicha resolución vulnera los intereses de la entidad y no es conforme a derecho". Las inspecciones de declaración del IVA desde enero de 2016 seguían abiertas a cierre de 2021.
Peligro en los presupuestos
No cabe duda de que las deudas de las televisiones autonómicas tienen una repercusión negativa para los presupuestos del año siguiente. Este es caso de la Corporació Valenciana (CVMC), que debe hacer frente a una cantidad de casi 25 millones de euros que la televisión pública lleva acumulando desde 2016. Para el ente público, su mayor miedo ahora mismo es que los presupuestos de 2023, que parten con 83 millones de euros, se vean mermados por este motivo.
En las comunidades autónomas de Asturias (RTP) y Baleares (EPRTVIB) ocurre algo similar a Madrid y Galicia. En su particular tira y afloja con Hacienda hay en juego 22,5 y 22,2 millones. Algo menor es la cifra de Canal Extremadura y que, según su memoria anual de 2021, la última disponible, es de 18,1 millones. Con respecto al Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha (CMM), su memoria anual recoge a cierre de 2021 un efecto económico de 10,4 millones por la denegación de deducirse el IVA. Se trata del ente que ha llevado la justicia el conflicto con Hacienda y a principios de 2022, la Audiencia Nacional desestimó el recursos interpuesto.
Ante esta situación, "la Junta de Castilla-La Mancha, en el 2022, dotará presupuestariamente a la sociedad para hacer frente a esta contingencia. Tan pronto como se produzca la aportación, se abonará a la Agencia Tributaria el importe de estas actas fiscales por importe de 1,26 millones". En último lugar aparece la Radiotelevisión de Murcia (RTRM). La cifra que se disputa con Hacienda es muy inferior a la de sus iguales, 0,63 millones, pero en este caso se debe a que los datos que aparecen en su memoria anual únicamente están actualizados hasta 2018.
